CONSTITUCIÓN SIN CONSTITUCIONALISMO. PROBLEMAS SOBRE LOS LÍMITES Y CONTROLES AL PODER EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA DEMOCRACIA DE DERECHOS EN ECUADOR

Paúl Córdova Vinueza

RESUMEN

¿Por qué razones jurídicas la Constitución de 2008 se caracteriza por la concentración y centralización del poder? y ¿Cuáles son sus factores estructurales que menoscaban el desarrollo de una democracia constitucional y de los derechos iusfundamentales? A partir de estas interrogantes, el autor considera que la vigencia de un presidencialismo híper-poderoso aminora la formación de un sistema equilibrado de pesos y contrapesos institucionales y fractura la separación de poderes para la plena vigencia de un Estado republicano. Argumenta que los controles y límites al poder son el desafío pendiente del constitucionalismo ecuatoriano.

PALABRAS CLAVE: Constitución de 2008, Derecho Constitucional, poder, controles,contrapesos institucionales, presidencialismo.

ABSTRACT

Why legal reasons the 2008 Constitution is characterized by the concentration and centralization of power? and What are the structural factors that undermine the development of a constitutional democracy and iusfundamentales rights? From these questions, the author considers that the existence of a powerful hyper-presidentialism reduces the formation of a system of institutional checks and balances balanced and fracture separation of powers to the full force of a republican state. In response, it maintains that controls and limits on the power are the pending challenge of the ecuadorian constitutionalism.

KEY WORDS:

Constitution 2008, Constitutional law, power, controls, checks and balances, presidentialism.

INTRODUCCIÓN

El programa político encerrado en la Constitución de 2008 es un arquetipo normativo que protege al poder y lo ofrenda protagónicamente sobre los individuos, los derechos, las libertades y las garantías de la democracia sustancial. El derecho de la Constitución agrupado en ella es el baile de una máscara única, dominante, sin limitaciones ni restricciones más que las que proporcionan su propio leitmotiv: el baile del rostro del poder controlado por sí mismo.

El objetivo general del presente análisis es interpretar, desde una perspectiva de los fundamentos conceptuales, filosóficos y la dogmática del Derecho de la Constitución y el Derecho Constitucional del poder, los enfrentamientos e incompatibilidades del modelo forjado en la Carta Fundamental de 2008 con respecto al Estado constitucional y las proposiciones necesarias para una democracia republicana.

Como pregunta generadora del estudio se formuló la siguiente:

¿Qué ocurre cuando el Derecho Constitucional ecuatoriano contemporáneo conforma un orden estatal con poderes máximos para la autoridad presidencial que rebasan los límites y superan los controles para la convergencia de un poder hegemónico? A partir de esa pregunta utilizada como hipótesis de análisis, este trabajo se propone indagar como ámbito de reflexión y escritura al Estado ecuatoriano y dentro del marco de ordenación prescrito por el sistema de su Constitución, pero con una delimitación temporal del período 2008-2016 para desarrollar, genuinamente, inferencias susceptibles de tipificar los problemas del derecho constitucional para la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia.

La hipótesis empleada radica en señalar que los controles al poder giran en torno a su propia confiscación: el modus operandi del Ejecutivo desafía la infraestructura institucional del Estado para hacerla frágil mediante difusos artificios de poder influyentes que catapultan el ejercicio gubernativo arbitrario como el principal orden estatal. El carácter tortuoso, conflictivo e intermitente del constitucionalismo ecuatoriano se explica por la escasa institucionalización de la separación de funciones y la volátil división de funciones de los poderes del Estado.

Desde allí se regula y contiene a las inercias institucionales de un presidencialismo que prefigura un poder hegemónico que constituye un campo político colonizado por pragmáticas del poder abusivo. El constitucionalismo2 ecuatoriano subyace sometido a la dominación estructural del Ejecutivo que no permite prorrumpir las dimensiones emancipatorias de la democracia de derechos y la gramática republicana en que aquella podría sostenerse.

El plan de labor se extiende de distintos componentes. Este trabajo computa brevemente el relato constitucional de varios autores sobre el programa presidencialista y sus consecuencias en el Estado constitucional. También aborda el agotamiento del Legislativo en sus capacidades sustanciales para la vigencia de una república democrática y ensaya la dimensión del poder del presidente y el Ejecutivo en distintos ámbitos de la vida políticoconstitucional para identificar las regularidades y rupturas tanto del propio sistema constitucional como las causadas por este en perjuicio de las perspectivas del Estado constitucional y la democracia de los derechos, lato sensu.

El diseño orgánico del Estado ecuatoriano presenta elementos que afectan la independencia de los poderes del Estado y no permite el desarrollo democrático de los contrapesos institucionales. Las condiciones de ese modelo institucional dificultan la vigencia de garantías para los derechos y libertades y promueve los abusos de poder. El esquema estatal corresponde a un presidencialismo híper-poderoso que debilita la institucionalidad democrática, promueve un ejercicio gubernativo con límites y controles que no funcionan para contener el poder descomunal de la máxima autoridad y reafirma una vocación institucional del Ejecutivo por interferir en las competencias de los órganos del poder público y predominar sobre la institucionalidad estatal.

Esta contribución concentra su objeto en el señalamiento de que el poder es un elemento constituyente no natural del Estado.

Al mismo tiempo, problematiza la concepción del poder como fundamento del Estado: fundamento (raíz) porque genera la expresión de los individuos que cumplen el desempeño de autoridades y sus competencias; y, fundamento (razón) porque se debe a motivaciones regladas y reguladas por la norma máxima. Al ser el poder uno de los factores determinantes de la vida estatal, en sus distintos despliegues puede imperar una prevalencia del poder no controlado y no limitado que afectaría negativamente la realización progresiva de las reglas que ordenan la vida en comunidad jurídica. Para ello, el sistema constitucional debería prever mecanismos de control que subordinen el poder a los principios y valores constitucionales.

El presente estudio examina el discurso que ofrece el Derecho de la Constitución y las variaciones que pueden detectarse entre su discurso teórico y su consecuente concreción empírica.

Sostengo que el Derecho de la Constitución en una democracia constitucional está encausado por dos axiomas centrales: i) resguardar la estructura del texto como derecho supremo y ii) consagrar la subordinación del Estado a la estructura normativa de la Constitución. La realización de la carta suprema es dotar de una realidad organizada y organizadora a toda actividad estatal.

Por ello, la determinación y producción jurídica del Estado se fundamenta sobre la primacía de la norma máxima. Supremacía y garantía están unidas indisolublemente porque el ordenamiento jurídico requiere que la Constitución acumule para sí misma la exclusividad y predominio en el sistema de fuentes.

En la regulación de los poderes públicos, la democracia constitucional constituye también un elemento propiciador de su garantía por cuanto al disponer de mecanismos de control al poder para que su primacía no pueda ser afectada por las intervenciones de los actores político-institucionales o la aprobación de normas infraconstitucionales o subconstitucionales. Cuando el poder Ejecutivo se somete a un proceso de ordenación para la realización de atribuciones constitucionales y legales, también prescribe que los demás poderes constituidos guarden la preeminencia normativa de la supremacía constitucional.

La regla suprema de ordenación institucional prefigura el contenido fundamental de los actos del poder para resguardar la regulación y la realización de la fuerza del Estado, todo lo cual debe permanecer en la aplicación de los enunciados constitucionales. Aquella fuerza se exterioriza por intermedio de los procedimientos reglados del poder público.

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