POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO JUVENIL EN ECUADOR

Elisa Lanas Medina

RESUMEN

El artículo presenta un estudio crítico sobre las políticas activas de empleo juvenil aplicadas en Ecuador por el actual gobierno, con especial énfasis en las incorporadas en la Ley Orgánica para

la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. El objetivo de este estudio es comparar la política pública del gobierno en esta materia frente a los actuales planteamientos que organismos internacionales especializados proponen para enfrentar el alarmante desempleo de los jóvenes en todo el mundo. Se espera generar un debate informado sobre la pertinencia de dichas políticas y plantear la posibilidad de ajuste de los mecanismos propuestos en la norma.

PALABRAS CLAVE: Política pública, políticas activas, políticas pasivas, empleo juvenil.

ABSTRACT

This article offers a critical analysis of the existing youth employment policies implemented by the current Ecuadorian government, with special emphasis to those included in the Substantive Law on Youth Employment, Exceptional Regulation of Working Hours, and Unemployment Insurance. The goal of this study is to contrast the government’s public policy on this matter with the approach that specialized international organisms propose to face the alarming youth unemployment rates across the world. This documents aims to generate an informed discussion over the relevance of said policies, and to explore the possibility to adjust the mechanisms proposed in the law.

KEY WORDS: Public policy, active policies, passive policies, youth employment.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Ecuador, reconoce todas las modalidades de trabajo, incluidas las de auto sustento y cuidado humano, y a sus actores como entes productivos, no obstante, mantiene el énfasis en la importancia que el trabajo subordinado tiene, por seguir siendo el mayor espacio de absorción de demandantes de trabajo, y lo expresa destinando la sección octava del Título II, que trata sobre los derechos; para mostrar la relevancia que el trabajo tiene, como “un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía”3, debiendo el Estado garantizar “a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”4; principios que son desarrollados en la sección tercera del Capítulo Sexto del Título Sexto de la misma Carta Magna, que aborda el Régimen de Desarrollo.

Por su parte, el segundo inciso del artículo 39 de la Constitución ecuatoriana, prevé el reconocimiento que hace el Estado a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, garantizándoles, además de la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación, una especial atención para que su incorporación al trabajo sea en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Esta disposición se ve complementada por el primer inciso del artículo 329 CE, que enfatiza el derecho de los jóvenes a ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias, debiendo el Estado impulsar condiciones y oportunidades con ese fin.

Esto tiene gran significado en momentos como el actual, en que la economía ecuatoriana, al igual que las economías de todos los países de la región, enfrenta una desaceleración en su crecimiento. Lo que incide directamente en la vida y el bienestar de la población, que según investigaciones de CEPAL y OIT, en el contexto macroeconómico y laboral actual, podría provocar que en muchos países surja una mayor cantidad de empleos informales, para compensar parcialmente la ausencia de oportunidades de empleo productivo y de buena calidad.

En este contexto, la situación de empleo de los jóvenes es aún más preocupante, ya que este colectivo tiene mayores dificultades para acceder a trabajos formales, debido a factores como la falta de experiencia, que es un elemento determinante a la hora de contratar trabajadores. Esta situación es aún peor para las mujeres y se ensaña con quienes no cuentan con niveles aceptables de escolarización.

Frente a esta realidad, el gobierno ecuatoriano ha emprendido varias reformas al Código del Trabajo y otros cuerpos normativos vinculados a la relación laboral, dos de ellos de importante magnitud. Estas reformas se han caracterizado por una cierta improvisación, traducida en una procesión acelerada de reformas laborales, sin una aparente claridad de objetivos a largo plazo, tal vez por la urgencia de enfrentar una tendencia claramente negativa en los niveles de empleo, derivada de una crisis económica que el gobierno se ha negado a aceptar pero que se ha instalado con toda su fuerza en el país y cuyas consecuencias se notan especialmente en los niveles de desempleo y subempleo, actualmente similares a los que el país vivió en el año 2007.

El presente estudio se centra en las políticas públicas activas de empleo juvenil, previstas especialmente en la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, para analizar su eficacia a la hora de lograr una mayor y mejor incorporación de los jóvenes al mercado laboral ecuatoriano.

POLÍTICAS ACTIVAS Y PASIVAS DE EMPLEO

La política pública es una cadena de decisiones y acciones, tomadas por actores, principalmente públicos y eventualmente privados, que persiguen la solución concreta de un problema definido como colectivo, es ineludible referirse a los grupos sociales que dan lugar al problema, conocidos como gruposobjetivo, así como al interés de los grupos que sienten los efectos del problema, que son los beneficiarios finales.

Dentro de estas, las políticas de empleo se presentan como ámbitos de intervención directa sobre el mercado de trabajo, sobre la oferta de trabajo (los demandantes de empleo) y sobre la demanda de trabajo (los empleadores); y su objetivo primordial es alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, así como la protección de las situaciones de desempleo.

Efectivamente, como complemento a otras intervenciones más macroeconómicas por parte del Estado, las políticas de empleo suponen una intervención directa que pretende el ajuste a corto plazo en el mercado de trabajo, por vía de reducir el porcentaje de desempleados y de empleados precarios, ofreciendo condiciones para que todos aquellos en edad de trabajar y con la disposición de hacerlo, puedan incorporarse al mercado de trabajo en condiciones adecuadas.

Una primera clasificación de las políticas de empleo distingue entre políticas activas y pasivas. Las políticas pasivas están destinadas a sostener la renta de los desempleados, por vía de garantizar un cierto nivel de ingresos para estas personas.

“Tienen un carácter compensador frente a los efectos del mercado de trabajo”. Se dirigen a los efectos del desempleo y no a sus causas. No afectan a la demanda ni oferta de empleo, únicamente a la renta del individuo perceptor.

Mientras las políticas pasivas se dirigen exclusivamente a las personas desempleadas, las políticas activas tienen un espectro potencialmente más amplio, el de las personas desocupadas, con el fin de favorecer su inserción laboral y el de las ocupadas, para contribuir al mantenimiento de su empleo.

POLÍTICAS PASIVAS DE EMPLEO

Por su propia estructura, las políticas pasivas, al tratarse de transferencias, suponen un mayor gasto para el Estado, y fueron la primera respuesta de los gobiernos al fenómeno del desempleo, ya que se vio que la garantía de rentas que las políticas pasivas suponen, permitía al trabajador desempleado tener unos ingresos garantizados mientras buscaba un nuevo empleo.

Entre las políticas pasivas, las más importantes, sin duda alguna, son las prestaciones por desempleo, que pueden subdividirse en dos niveles:

Nivel contributivo. La prestación por desempleo es una prestación sustitutiva de los salarios que se abonan en función del tiempo y cuantía de la cotización. Se trata, propiamente, de un seguro de desempleo.

Nivel asistencial. Subsidio por desempleo que se abona a los desempleados que han agotado la prestación contributiva, o en circunstancias especiales (emigrantes retornados, excarcelados, inválidos parciales, etc.).

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