EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD A TRAVÉS DEL CONTROL CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ECUADOR

Rodrigo Durango

RESUMEN

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido prolífica al buscar mecanismos de mayor protección de los derechos humanos en el continente. Uno de ellos es el denominado control de convencionalidad, que pretende cohesionar el ordenamiento jurídico interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de que las normas jurídicas internas no se contrapongan a este instrumento internacional. Este mecanismo jurídico no ha estado libre de críticas. Es necesario determinar cuál es el instrumento procesal que poseen los jueces ecuatorianos para realizar este control, de manera que sea consistente con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El trabajo pretende demostrar que es a través del control concreto de constitucionalidad, el mecanismo procesal por medio del cual los jueces ecuatorianos deben realizar el control de convencionalidad.

PALABRAS CLAVE: Control de convencionalidad, control concreto de constitucionalidad, Derechos Humanos.

ABSTRACT

The Interamerican Court of Human Rights has been prolific to seek mechanisms for greater protection of human rights on the continent. One of them is called conventionality control, which aims to cohere domestic law with the American Convention on Human Rights, so that the domestic legal provisions do not conflict with this international instrument. This legal mechanism has not been free of criticism. In Ecuador it is necessary to determine the procedural instrument that judges have to perform the conventionality control that is consistent with the Ecuadorian legal system. This paper aims to demonstrate that concrete control of constitutionality is the procedural mechanism by which the Ecuadorian judges must perform control of conventionality.

KEY WORDS: Conventionality Control, Specific Control of Constitutionality, Human Rights.

INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos fueron reconocidos como esos valores supremos que deben respetarse en todo momento y lugar, a raíz de las revoluciones francesa y estadounidense en el siglo dieciocho. Posteriormente, se positivaron en las constituciones de varias naciones que procuraban un nuevo orden.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo orden mundial con la Organización de Naciones Unidas y la aprobación, más tarde, de varios tratados internacionales de derechos humanos; se dio la internacionalización de los derechos fundamentales, que debían respetarse independientemente de la nacionalidad de los individuos, y se reconocía al ser humano como sujeto del Derecho internacional de los derechos humanos. Además, acompaña a este fenómeno, aquel denominado como universalización del derecho constitucional, el cual se construye sobre valores comunes como la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, la soberanía popular, los poderes limitados por el derecho, la constitucionalización de los derechos individuales con los de corte social, el control de constitucionalidad y la protección judicial de los derechos.

Este nuevo constitucionalismo también reconoce a las fuentes del Derecho internacional, lo que incluye a las interpretaciones judiciales que realizan dichos organismos internacionales y a la constitucionalización de estos tratados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte” o “Corte Interamericana”) ha sido prolífica al buscar mecanismos de mayor protección de los derechos humanos en el continente. Uno de ellos es el denominado control de convencionalidad, que será abordado con mayor detalle en la primera parte de esta investigación. Dicho mecanismo pretende cohesionar el ordenamiento jurídico interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”), con el fin de que las normas jurídicas internas no se contrapongan a este instrumento internacional.

Evidentemente, esta doctrina de la Corte no ha sido ajena a las críticas de algunos autores, como será abordado en el trabajo que aquí presento. Desde luego, el uso inadecuado de este mecanismo podría terminar por deslegitimarlo.

La presente investigación procura entregar un análisis de este control desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la doctrina que se ha diseñado en este sentido y, finalmente, revisar las críticas que existen contra el control de convencionalidad. A continuación, abordaremos la naturaleza jurídica del control concreto de constitucionalidad en el

Ecuador, a la luz de las normas constitucionales pertinentes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, a fin de demostrar que este mecanismo de control constitucional en el país es el idóneo para ejercer el control de convencionalidad, desde la perspectiva del Derecho constitucional ecuatoriano y dentro de las limitaciones que exige la Constitución de la República. Finalmente, se establecerá la existencia de un diálogo jurisprudencial entre los tribunales internacionales de derechos humanos y las cortes constitucionales latinoamericanas —en el caso que nos preocupa, la Corte ecuatoriana— para, de tal modo, determinar la manera en que se ejercerá este control por parte de los jueces ecuatorianos.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

La doble obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos

Es conveniente que, antes de explorar la naturaleza jurídica del control de convencionalidad, este ensayo analice las características de las obligaciones de los Estados en el marco del Derecho internacional de los derechos humanos, de tal suerte que el lector conozca el antecedente de la llamada “doctrina del control de convencionalidad”. Pues bien, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”) dispone:

Los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Esta disposición reconoce lo que ha sido denominado como el binomio “respetar y proteger”, o también llamado “respetar y garantizar (respect/ensure respect)”. Con relación a la primera obligación, la de respetar, la Corte Interamericana sostiene que

la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (Corte IDH 1986 párr. 21).

Por lo tanto, el ejercicio de la actividad estatal o del poder público encuentra sus límites en el respeto a los derechos humanos.

El Estado debe abstenerse de realizar actos que vulneren estos derechos y si es necesario interferir en esta esfera, solo puede hacerlo de forma muy restringida y limitada, de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales o las constituciones respectivas.

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención también ha sido objeto de análisis por parte de la jurisprudencia de la Corte. La mencionada obligación se relaciona con el deber de cada Estado de organizar su aparato gubernamental, de manera que asegure jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Se requiere, entonces, no sólo que exista un orden jurídico que realice esta obligación internacional; sino, además, una conducta estatal que asegure en la realidad la existencia de esta garantía. En consecuencia, los Estados partes de la Convención Americana deben prevenir, investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a estos derechos que ocurran en sus jurisdicciones (Corte IDH 1988 párrs. 164 – 167).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “PIDCP”) contiene una norma similar en el párrafo 1 de su segundo artículo:

Art. 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha indicado que, como producto de esta norma, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. En efecto, la obligación de respetar exige que los Estados partes se abstengan de interferir en el disfrute de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación se viola si el Estado parte niega a niñas embarazadas la permanencia en el sistema escolar. La obligación de proteger exige que el Estado parte prevenga violaciones a los derechos humanos por parte de terceros. Por ejemplo, que el Estado no garantice que los sistemas de salud cumplan con normas mínimas en materia de salud sexual y reproductiva puede considerarse una violación al derecho a la salud. La obligación de realizar exige que el Estado parte promueva la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales y judiciales, entre otras, que resulten necesarias para alcanzar la efectiva realización de los derechos. Incluso, en el ámbito del Derecho internacional humanitario, son fundamentales las consecuencias derivadas del artículo 1 de los Convenios de Ginebra y del artículo 1.1 del Protocolo Adicional I de 1977, por los cuales las Altas Partes Contratantes se comprometen a “respetar y hacer respetar en todas las circunstancias los tratados internacionales humanitarios”.

Por su parte, la Convención Europea sobre Derechos Humanos establece en su primer artículo la obligación de asegurar -shall secure- los derechos fundamentales para todos los Estados que forman parte de este tratado internacional. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 2.1 la obligación para los Estados partes de respetar y asegurar los derechos del niño; además de comprometerlos a respetar y hacer respetar las normas y reglas del Derecho humanitario, de conformidad con el artículo 38.1 de este convenio. Adicionalmente, la Corte Internacional de Justicia sostuvo expresamente la obligación de hacer respetar el Derecho humanitario al condenar a los Estados Unidos por violaciones al artículo 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebra en Nicaragua, y señalar que el primero

tiene[n] la obligación, en términos del artículo 1 de los cuatro Convenios de Ginebra de respetar y también hacer respetar estos Convenios, pues tal obligación no deriva sólo de los propios Convenios, sino también de los principios generales del derecho humanitario a los cuales los Convenios simplemente dan expresión concreta” (Corte Internacional de Justicia 129, 130,218, 220, 255, 256).

Redimensionar imagen
Contraste