ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE UNA POSIBLE ETIOLOGÍA DE LAS MALAS PRÁCTICAS Y LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Pedro T. Nevado-Batalla Moreno

Universidad de Salamanca, España

Profesor Titular de Derecho Administrativo

RESUMEN:

De un somero examen de la realidad que se vive día a día en la Administración Pública, pueden identificarse planteamientos que favorecen la existencia de malas prácticas o casos de corrupción. Planteamientos que, pese a justificarse expresamente en el rechazo a aquel tipo de prácticas, ellos mismos, de manera inconsciente o consciente (en grave quebranto para el Estado de Derecho), llegan a facilitar, generando contradicciones y perplejidad jurídica. Tal vez la respuesta a los casos de malas prácticas o corrupción, que tanto daño están haciendo al Estado de Derecho y a la propia democracia, esté mucho más cerca de lo que pueda parecer.

En este trabajo se abordan, de manera muy sucinta, algunas causas de lo que entendemos integra la etiología de un problema de cada vez mayor calado, que mina peligrosamente la organización administrativa.

PALABRAS CLAVE : Administración Pública, malas prácticas administrativas,corrupción, organización administrativa, contratos públicos.

ABSTRACT:

From a brief analysis of each day reality in Public Administration, we could identify proposals which promote the existence of bad practices or corruption cases. These proposals, which reject such kind of practices, they also, unconsciously or consciously, cause a break in the state of Law, facilitating and generating contradictions and legal perplexity. Maybe the answers to these bad practices or corruption cases, which are causing severe problems to the state of Law and to proper democracy, may be much nearer than ever.

In this essay there are briefly treated some causes that we understand integrate the etiology of a severe problem, which seriously endangers administrative organizations.

KEY WORDS: Public Administration, bad administrative practices, corruption,administrative organization, public contracts.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS: EL COMPROMISO SOCIAL DEL CIUDADANO

Pese a que el enfoque de este trabajo se orienta, como no podría ser de otra manera, desde una perspectiva jurídica, no por ello se desconoce que el problema de esa patología, que afecta de manera global a las Administraciones Públicas, denominada malas prácticas administrativas y que en su evolución más grave, alcanza el nivel de corrupción administrativa, no es estrictamente jurídico. Es más, podría afirmarse que, en gran medida, el problema tiene causas en una serie de elementos de naturaleza extrajurídica, pero de impacto en el Derecho, el cual regula la actividad pública y, sobre todo, en la forma de proceder de quienes actúan en el ámbito de una organización pública.

Sería presuntuoso, para quien tiene una importante limitación, disciplinar, abordar, siquiera a título de ejemplo, este variado y, como hemos dicho, extrajurídico listado de causas favorecedoras de una situación de relativo incumplimiento de las reglas, que ordenan el actuar de las Administraciones Públicas y sus servidores, pero sí podemos atrevernos e, incluso resulta necesario, en orden a poner en contexto posteriores argumentos, hacer algunas consideraciones en relación a varias cuestiones que, desde nuestro punto de vista, influyen significativamente en la situación, que actualmente se conoce.

En primer lugar, debe atenderse a la importancia de la base social sobre la que se asienta la organización administrativa, y ello desde una doble perspectiva.

Por un lado, desde la necesaria existencia de una serie de valores básicos, que conforman del pensamiento y sentir de la sociedad. Es indudable que muchos, incluso la totalidad de valores específicos que configuran los principios institucionales y las reglas del Derecho Administrativo, tienen su origen, su antecedente, en una serie de valores de mayor y más amplio calado, que la sociedad tiene adquiridos, a través de la interiorización individual en cada uno de sus miembros. Difícilmente alguien quien no tenga bien asumido por su educación y entorno social lo que es la honradez, rectitud, ecuanimidad, justicia, independencia, equilibrio, objetividad, neutralidad, equidad, etc. podrá ser un buen servidor público, (tanto a nivel de burocracia técnica, como de burocracia política), que interiorice y aplique los principios y reglas jurídicas ordenadoras de la actividad pública, que no son más que la cristalización de aquellos valores o, si se quiere, de la base ética que sostiene a la sociedad. Y es que, fuera de cualquier tipo de sombra o barniz ideológico o religioso, la sociedad debe tener muy claros una serie de parámetros éticos, cuya transgresión ha de tener el oportuno rechazo jurídico, pero también social Sin embargo, las medidas de valoración expuestas,

cuando las convicciones éticas carecen de solidez y responden más a la inercia que a cualquier otro fundamento, pueden ser objeto de todo tipo de manipulación para escapar del molesto reproche.

Obviamente, sin entrar en ruedos especulativos de fragilidad añadida por tener incorporados una indudable carga ideológica e incluso de posicionamiento político, lo que resulta indudable es que los planteamientos expuestos sobre la existencia de unos firmes valores básicos, que el ciudadano tenga interiorizado y que después perfile jurídicamente, cuando ha de proceder como administrado, político o funcionario público, chocan frontalmente con el relativismo moral, que desde ciertos sectores políticos y aquéllos que manejan la comunicación, se está imponiendo a la sociedad. Es indudable, pese a que quizá no guste reconocerlo, que el deterioro moral de la sociedad tiene su reflejo en la Administración, como acertadamente ha indicado SANZ MULAS:

Los valores generales de una sociedad inciden de forma determinante en el comportamiento ético tanto de la Administración como de las personas que trabajan en ella. Es difícil que cuando el patrón de valores que se defiende como el ideal en una sociedad es el interés particular, pretendamos que una parte muy importante de esa sociedad como son las Administraciones Públicas, opere con un modelo ético y de valores radicalmente contrario al general.

Debería ser preocupación de la Administración Pública proteger y perfeccionar a la sociedad en valores, sobre los que posteriormente sostener un sistema de derechos, pero también de deberes y exigencias, dando con su propio ejemplo un impulso moral a este objeto de posibilitar la existencia de mejores ciudadanos, en su caso, servidores públicos.

Por otro lado, muy vinculado a los valores que rigen el sentir y actuar de la sociedad es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tanto desde el ejercicio responsable del fundamental derecho al sufragio, como en la utilización y empleo de los instrumentos y técnicas que el ordenamiento prevé para la mejor defensa de sus derechos e intereses, que no son únicamente los suyos particulares, sino también los de la colectividad de la que forma parte; se perfila como una pieza fundamental del sistema administrativo que, al menos teóricamente, se quiere implementar o se dice que se encuentra ya implementado.

Son muchas las ventajas de la participación ciudadana en los asuntos públicos, pero sus bondades, a los efectos que más nos interesan en el presente trabajo se pueden sintetizar en dos de indudable ascendencia sobre el fenómeno de la corrupción y las malas prácticas en las Administraciones Públicas. A saber: – Una buena participación ciudadana en los asuntos públicos es índice inequívoco de músculo democrático y, en consecuencia, de solidez del principio democrático como pared maestra del sistema.

– Entender que de la participación deviene conocimiento y, por tanto, control de los asuntos públicos. Este control social es, en no pocas ocasiones, el único que llega a producir un efecto sanatorio o a impulsar la reacción del derecho ante casos de malas prácticas o de corrupción pública y ello por dos razones: en primer lugar, por la existencia y continua ampliación de una burocracia política de perfil moral y profesional muy bajo, que, entre otras deficiencias, suele carecer de conciencia de responsabilidad por la gestión, salvo que los negativos resultados de esa gestión tengan efecto en los medios de comunicación y deba ser la presión social, espoleada por aquéllos, la que le conduzca a abandonar por manifiesta incapacidad u obligue al órgano administrativo o judicial competente a actuar contra su persona.

En segundo lugar, lamentablemente, por el cada vez más frecuente y estrepitoso fracaso de los controles ordinarios de la organización administrativa8 y, en ocasiones, del propio Poder Judicial.

En cualquier caso, pese a que la falta de participación de los ciudadanos es un hecho constatable, a pesar de los reconocidos esfuerzos normativos que se han realizado en los últimos tiempos, lo cierto es que de ella, quienes más se benefician son quienes por espurios motivos desean precisamente este statu quo poco inclinado a la participación, al conocimiento y al control, dejando en una mera declaración de buenas intenciones o de mero rédito político todas las declaraciones sobre la idea de buena administración como pilar fundamental de una democracia de calidad.

Sin duda, a mayor abundamiento, el nacimiento de la idea de buena administración, íntegra, como unos de sus paradigmas (vinculado al rendimiento democrático de un Estado), es decir, la participación ciudadana en un nuevo papel, más protagonista, el cual que han de tener los ciudadanos. Como ha señalado de manera muy acertada Arenilla Sáez: Parece que no cabe otra solución para salir de la situación actual que la clase política y, en especial los altos responsables de la gestión pública, asuman un cambio de gestión de estilo, basado en los requerimientos señalados por el ciudadano; tomar conciencia de que su actuación no acierta en los deseos del ciudadano y que éste, más allá de las

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