ANÁLISIS DE LA TABLA DE MEDIDAS DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y SUJETAS A FISCALIZACIÓN, VIGENTE EN ECUADOR, EN TORNO A LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Yudith López Soria

RESUMEN

En el Capítulo Tercero sobre los Delitos contra el Buen Vivir del Código Orgánico Integral Penal, Sección Segunda, encontramos regulados los Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y exactamente en el artículo 220, se regula la figura delictiva del Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El análisis de este tipo penal nos llevó a concluir que es de configuración legal insuficiente y defectuosa en el COIP, toda vez que la tabla de cantidades de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, vigente en el Ecuador, para poder calificar la escala o las escalas a las que se comete el delito, no se ajusta al total contenido de la ley, exactamente al último párrafo dentro de este mismo tipo penal, dispone que: “La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible”.

Vislumbramos además, que al incidir en la configuración legal, incidirá también en su integración y aplicación, y por ende, encontrará pronunciamientos judiciales, que de aplicarse tal y como prevé la ley, encontrarán conflictos importantes entre los principios constitucionales de legalidad (nullum crime, nulla poena sine lege) y ante la duda a favor del reo, (in dubio pro reo). Para demostrarlo iniciaré este análisis.

PALABRAS CLAVE: Tráfico de drogas, cantidades permitidas, cantidades penalizadas.legalidad y ante la duda, a favor del reo

ABSTRACT

On Third Chapter entitled Crimes against Good Living of the COIP, on its Second Section, we find regulated the Crimes of Production or Illicit Traffic of Substances Cataloged, and Subject to Inspection, and precisely article 220 regulates the figure of illicit traffic in scheduled substances subject to inspection.

The analysis of this criminal type led us to conclude that there is an inadequate and defective legal configuration in the COIP, because the table of quantities of substances cataloged and subject to control, which exist in Ecuador, in order to qualify the scale or scales this activity is considered a crime, does not conform to the full content of Criminal Law, more exactly the last paragraph within this same article, which states that: “The possession or possession of narcotic or psychotropic substances for personal use or consumption in the amounts established by the corresponding regulations, shall not be punishable.”

We also perceive that by admitting the influence of its legal configuration, it will also affect the integration and application of this criminal type, and therefore, will find judicial pronouncements that, if implemented as provided for by law, will create important conflicts between the constitutional principles of legality, and when in doubt, in favor of the defendant. In order to demonstrate this hypothesis, let us begin the analysis.

KEY WORDS: Drug traffic, permitted quantities, penalized amounts, legality,and the principle when in doubt, in favour of the defendant

INTRODUCCIÓN

Es vital lograr una ley penal clara, capaz de aplicarse con seguridad jurídica, en la que vaya implícita toda una serie de garantías y principios de respaldo constitucional e internacional, que reúna las exigencias establecidas tanto doctrinalmente, como en la esfera práctica, sin embargo, realizado un análisis pormenorizado del delito de Tráfico de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, previsto en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, nos percatamos de que esta configuración legal es imprecisa, oscura, contradictoria y, en consecuencia, violatoria de principios constitucionales tan importantes como el de legalidad –nullum crime, nulla poena sine lege– y el de, ante la duda a favor del reo –in dubio pro reo-.

El asunto estriba en que para poder calificar el tipo penal es preciso remitirse a la tabla de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, publicada en el Registro Oficial N.º 288, de 14 de julio de 2014, R.O. 002 CONSEP-CD-2014, la cual establece las cantidades según cada sustancia allí prevista.

Este trabajo persigue entonces como objetivo, demostrar y argumentar estas incongruencias que al ser legales, trascienden a importantes vulneraciones, incluso de principios constitucionales y proponer, además, una solución a dicha problemática legal. Se hizo necesario analizar la droga como sustancia ilícita, el delito de tráfico de drogas, la configuración legal del tipo penal previsto en el art. 220 del COIP, el contenido de la tabla de cantidades de sustancias catalogadas, así como hacer un somero análisis en aras de las restricciones de páginas para un artículo científico, sobre los principios de legalidad y ante la duda a favor del reo, que traemos a colación en nuestro análisis.

1. Drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o catalogadas y sujetas a fiscalización

El concepto de Droga, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, e incluso, desde la óptica farmacológica, resulta aplicable a cualquier sustancia terapéutica o no, que introducida en el organismo humano, a través de cualquier mecanismo, ya sea ingestión, inhalación, administración intramuscular o intravenosa, etc., sea capaz de actuar sobre el sistema nervioso central de la persona que la consume y le provoca un cambio en su comportamiento, cambio que puede manifestarse en una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico; generalmente este cambio de comportamiento se caracteriza por:

• El deseo abrumador o necesidad de continuar consumiendo esa sustancia, que redunda en lo que conocemos como dependencia psíquica;

• Necesidad de aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos, conocido como, tolerancia; y,

• La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia, que hace verdaderamente necesarios su uso prolongado, para evitar el síndrome de abstinencia.

Según la Convención Única de 1961, enmendada el 8 de agosto de 1975, los estupefacientes son sustancias destinadas a mitigar el dolor, pero que su uso indebido puede dar lugar a una toxicomanía.

En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, BOE, N.º 270/1990, de 10 de noviembre de 1990, se hace una remisión a lo regulado en los dos instrumentos anteriormente señalados. Según ésta, por estupefacientes, se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, encontrando que sustancia psicotrópica sería cualquier sustancia, natural o sintética, que figure en las listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias psicotrópicas de 1971.

Son tres los grupos principales de las sustancias psicotrópicas, según los efectos generados en el sistema nervioso central:

• Las depresoras;

• Las estimulantes; y,

• Las perturbadoras o alucinógenas.

Existen en la naturaleza, tantas sustancias naturales que encuadran en este concepto, que nos hace pensar que su uso moderado y terapéutico estaría correcto. Sin embargo, es precisamente su uso desmedido o indebido, el que ha trascendido a la regulación jurídico-penal de su consumo en ocasiones, y el intercambio comercial, en otras, pues en la mayoría de casos, este intercambio se basa en la acción desmedida y ambiciosa, de un grupo importante de seres humanos, que con ánimo de lucro, insisten en distribuir todas estas sustancias en la población mundial a cambio de cuantiosas ganancias monetarias.

Así, todas las naciones han llegado a la necesidad de la regulación jurídica del delito de Tráfico de Drogas.

2. Tráfico de Drogas

Para concretar este análisis es preciso dejar definido el término tráfico, que, de acuerdo al Derecho Mercantil, da la idea de comercio, mercantilidad, de habitualidad en la actividad comercial y persecución de lucro, solo que hablando de drogas se convierte en un tráfico, en una comercialización, en una mercantilidad ilícita, una, por el objeto material del delito, en este caso la droga, y sus efectos, en otro sentido, dada la ilicitud por la falta de autorización o licencia para expender, o comercializar la droga en cuestión.

De modo que la difusión indiscriminada y el mal uso de las drogas, generaron la necesidad de intervención jurídica, tanto para su consumo, como para su distribución.

Hace aproximadamente un siglo, surgieron las primeras normas represoras sobre el tema referente a la droga, pues con el aumento del consumo y del comercio, las leyes fueron adaptadas e incrementadas, e incluso, arreciadas, con la finalidad de impedir la diseminación de las drogas, sobre todo tratando de neutralizar la distribución que causa efectos tan nocivos, tanto en el ser humano que la consume, como en la familia o parte de la sociedad en la que está incluido él.

Estos delitos relativos a drogas tóxicas son delitos que clasifican por su resultado como delitos de peligro, para muchos teóricos y operadores del Derecho penal son delitos con los que se pretende evitar una futura lesión del bien jurídico protegido, que en este caso es la salud pública, en la mayoría de los ordenamientos jurídico-penales del mundo.

Claro que basta la puesta en peligro de un bien jurídico, para considerarlo, junto con otros elementos, que constituye un delito, pero es obvio que, la mera presencia de una cantidad de droga no puede implicar la existencia de un delito si no se acompaña de un cierto riesgo, riesgo que debe de ser determinado en primer lugar, de manera objetiva, estableciendo unos parámetros y en segundo, personalizándolo según las circunstancias concretas del

caso y del autor.

3. El Principio Nullum crime, nulla poena sine lege, (Legalidad) y su vínculo con este tipo penal

Bacigalupo, en este aspecto, en su libro Principios Constitucionales del Derecho Penal, señala que:

Desde 1978 la validez de los textos legales y de las interpretaciones del Código Penal depende, a diferencia de lo que ocurría antes, de su compatibilidad con principios superiores. Más aun, la aplicación del derecho penal se debe llevar a cabo, en principio, mediante la técnica de una interpretación “conforme a la Constitución, es decir, que los tribunales ordinarios deben aplicar las normas de tal manera “que una ley de contenido ambiguo o indeterminado se determina por el contenido de la Constitución” y que “no cabe declarar la nulidad de una ley que pueda ser interpretada en consonancia con la Constitución”. Asimismo, a los derechos fundamentales se les reconoce un efecto irradiante sobre el derecho ordinario. Está claro que no es posible un análisis de todos y cada uno de los efectos que la Constitución ha tenido sobre el derecho penal material. Por tanto, sólo nos referiremos a un principio básico del derecho penal democrático: el principio de legalidad.

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