DESCENTRALIZACIÓN EN ECUADOR ¿UN PROCESO INCONCLUSO?

Karina Patricia Tello Toral

Ángel Giovany Lucio Vásquez

Universidad Central Del Ecuador, Quito-Ecuador

Docentes De Pregrado Y Posgrado

RESUMEN:

La presente investigación analizó el proceso de descentralización en el Ecuador, período 2008 – 2018 a partir de dos paradigmas: el primero, la división político administrativa actual; y, el segundo, el proceso de transferencia de competencias en cada uno de los niveles de gobierno. En cuanto a la metodología se utilizan los métodos sistemático y analítico aplicados al campo de las ciencias sociales. La investigación concluye estableciendo que el proceso de descentralización a partir de la Constitución de 2008 es un avatar inconcluso.

PALABRAS CLAVE: Gobiernos Autónomos Descentralizados, niveles de gobierno,competencias, organización territorial, descentralización.

ABSTRACT:

This research analyzes the process of decentralization in the Republic of Ecuador during the 2008 – 2018 period through the structuring of two paradigms: first, the current administrative political division, and second, the process of competences in each one of the levels of government. Regarding the methodology in this proposal, are used the systematic and analytical methods applied to the field of Social Sciences. The investigation concludes stating that the process of decentralization from the Political Constitution of 2008 is an unfinished avatar.

KEY WORDS: Decentralized autonomous governments, levels of government, competencies, territorial organization, decentralization.

INTRODUCCIÓN

La descentralización se entiende como un sistema políticoadministrativo del Estado5, en el cual, el objetivo principal es la transferencia de competencias de decisión y gestión hacia los gobiernos locales. Así pues, las razones que han permitido este traspaso se evidencian en el orden político y económico. Primero, en lo referente a las relaciones de poder, el gobierno central se reserva sus competencias regalianas y cede a las colectividades locales ciertas competencias específicas como respuesta a las necesidades del territorio6. En consecuencia, el gobierno central se concentra en adoptar directrices, lineamientos y políticas nacionales, mientras que, los gobiernos subnacionales aplican las mismas en el territorio a través de políticas públicas locales.

Segundo, las causas económicas que permitieron el desarrollo de la descentralización son variadas, tanto en su origen como en el espacio, así pues, la puesta en marcha de la ideología neoliberal durante la década de los noventa permitió la consecución de una tercera globalización de orden financiero, lo cual conlleva una deslegitimación del rol del estado en torno a la gobernabilidad de la sociedad, es decir, está ideología pretendía infundir una práctica política y económica que permita el libre desarrollo de las capacidades y libertades empresariales del individuo para preservar un marco institucional mínimo de regulación. En consecuencia, la imposición ideológica neoliberal en los centros de poder mundial y posteriormente en la periferia ocasionó que el Estado se desligue de funciones planificadoras en torno a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que permitiría al mercado auto regularse sin intromisión estatal. De lo referido, los defensores de la descentralización encontraron un marco propicio para solicitar un traspaso de mejores prácticas desde los territorios, puesto que el Estado sufría un proceso de desmantelamiento.

Por tanto, las causas económicas y políticas se sintetizaron en el proceso denominado globalizacion, el cual marcó Europa y América Latina de manera distinta y permitió la incorporación de la descentralización como parte de una nueva ideología de renovación del Estado.

Es así que en el marco de la consolidación de la Unión Europea, la adopción del tratado de Maastricht suscrito en 1992 consolidó el Mercado Común y permitió la creación de una unidad económica y monetaria8. De esta realidad, los Estados establecieron una relación privilegiada hacia las colectividades locales para protegerlas del proceso de globalización y establecer la puesta en marcha de políticas públicas europeas para subsanar impactos de desindustrialización y promoción de empresas locales en el seno de las regiones, por tanto, estas entidades regionales comenzaron a tomar una importancia cada vez mas creciente en la estructura política de la UE.

En tanto que, en América Latina el proceso de descentralización se origino a partir de factores distintos; en efecto, el referido cambio no fomento políticas de apaciguamiento frente a la globalización como sus pares en Europa a través de la transferencia de competencias y desarrollo de políticas públicas locales desde el estado nación y la UE, sino que este conglomerado geográfico se insertó desde un paradigma de subordinación a las fuerzas económicas mundiales representadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para reducir la intervención del Estado en ámbitos potencialmente prometedores para los inversionista como son los recursos naturales, banca, electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

En efecto, la legitimidad del Estado en los años 80 y 90 sufrió un duro golpe a su estructura, como consecuencia de una crisis de gobernabilidad debido en gran parte a la ineficacia de una política fallida de industrialización añadida a la burocracia creciente e inoperante. En el caso ecuatoriano, la crisis del Estado ocurrió por un proceso de ingobernabilidad producto del excesivo endeudamiento durante los años ochenta y noventa que conllevó al incumplimiento de los pagos de la deuda externa y de procesos inflacionarios a causa de la reducción del precio del petróleo.

En consecuencia, el estado central ecuatoriano como ente planificador se vió afectado por sus anteriores decisiones rentistas, lo cual ocasionó que el nuevo gobierno democrático en la década de los ochenta busque en el proceso de descentralización: i) el desarrollo del territorio a partir del estímulo de áreas deprimidas, así como ii) la distribución de recursos13 y servicios a nivel nacional, en contra peso a la anterior política de los años setenta que privilegiaba el desarrollo de centros urbanos como espacios de industrialización: Quito (centro político) y Guayaquil (centro económico – importaciones y exportaciones). De esta manera, la Constitución ecuatoriana del año de 1979 estableció una descentralización administrativa y una desconcentración nacional, empero la Codificación de 1996 que reformó la Constitución original del año 1979 añadió varios artículos sobre los regímenes seccionales autónomos dotándolos de autonomía funcional, administrativa y económica.

Sin embargo, según Villavicencio, no pasó de ser una simple declaración retórica, sin ninguna incidencia real en la organización territorial estatal y sus prácticas.

Empero, esta norma sirvió de base para la expedición de varios cuerpos legales que impulsaron la descentralización, entre ellos la Ley de Modernización, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos de 1993; la Ley de Descentralización y Participación Social; la Ley Especial de distribución del 15% del gobierno central para los gobiernos seccionales y su Reglamento expedidos en 1997.

Posteriormente, la Constitución Política de 1998 (CPE, 1998) establece que todas las competencias son descentralizables, bajo un esquema voluntario para gobiernos autónomos seccionales y de obligatoriedad para el gobierno central14. Así pues, este sistema se denominó de manera peyorativa como competencias a la carta, puesto que los gobiernos seccionales solicitaban al gobierno central competencias de acuerdo a sus intereses, lo cual ocasionó diferencias en la repartición de competencias y la correspondiente miríada de situaciones.

Esta Constitución Política de 1998 sirvió de marco para la adopción de normas como la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales; el Reglamento a la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social y Plan Nacional de Descentralización; y más tarde, la Ley Orgánica de Régimen Municipal. En consecuencia, estas normas legales convirtieron a los municipios en los actores principales del proceso de descentralización.

Finalmente, la Constitución de 2008 (CRE, 2008) establece que las competencias son descentralizables bajo un esquema obligatorio y progresivo (Art. 239 46), así el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (cootad) define a la descentralización como la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados (Art. 105 33). En conclusión, la entrega de competencias de la Constitución Política de 1998 muta desde una voluntad de los GADs en asumirlas hasta una obligatoriedad en su puesta en práctica y progresividad en su entrega a partir de la Constitución Política de 2008.

En el presente artículo se analizará, si el proceso de descentralización ha promovido la organización territorial y las transferencias de competencias hacia los GADs durante el período 2008-2018.

El objetivo general de la presente investigación es identificar la existencia de una eficaz organización territorial y transferencias de competencias durante el proceso de descentralización en el período 2008-2018.

Para lo cual, en el presente trabajo se analizará la descentralización en torno a: A) la división político administrativa actual; y, B).

El proceso de transferencia de competencias en cada uno de los niveles de gobierno.

En cuanto a la metodología a utilizar se aplicarán los métodos: por un lado, el sistémático, el cual partiendo del análisis de los componentes, medio y estructura sobre la cual opera la descentralización de competencias en los distintos niveles de gobernabilidad del Estado permitirá tener una comprensión sistémica del orden o reglas establecidas. Por otro, se utilizará el método analítico, que consistirá en la desmembración de la organización territorial y sus distintas competencias frente la norma que regula su comportamiento, esto a fin de identificar causas, naturaleza y efectos provocados con su aplicación. Este método además, permitirá conocer el objeto de estudio planteado, para finalmente extraer conclusiones sobre como la norma ha impactado a la sociedad y su realidad en la actualidad.

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