EL NUEVO PROCESO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN ECONÓMICA EN EL SENO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Ximena Velasteguí Ayala

RESUMEN

La autora realiza un estudio del proceso de ejecución de reparación económica vigente, a cargo de los jueces de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo del país, conforme lo ordenado por la Corte Constitucional, en sentencia N.º 011-16-SIS-CC, expedida dentro del caso N.º 0024-10-IS, sentencia que unificó el procedimiento a seguir para efectos de cuantificar el monto que por reparación económica se haya dispuesto en una sentencia de garantías jurisdiccionales, siempre que el obligado al pago sea el Estado, al amparo de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fallo que surge como una respuesta al problema de incumplimiento de las sentencias constitucionales.

PALABRAS CLAVE: Derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la ejecución desentencias constitucionales, reparación económica, proceso deejecución y sentencia constitucional.

ABSTRACT

This essay studies the process of implementation of existing economic repair in charge of the judges of the district courts of Contentious Administrative Law in the country, as ordered by the Constitutional Court in judgement N.º 011-16-SIS-CC, issued in case N.º 0024-10-IS, which unifies the procedure to be followed for the purpose of quantifying the amount of economic repair. This rule is specified in a judicial guarantees statement, providing always that the obligor to pay is the State under the frame of the provisions of article 19 of the Law for Organic Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. This fault arises as a response to the problem of non-constitutional rulings.

KEY WORDS: Right to effective judicial protection, the implementation ofconstitutional rulings, economic repair, implementation process,and constitutional sentence.

INTRODUCCIÓN

En un trabajo anterior se analizó las complejidades que se presentaban a la hora de cuantificar el monto que por reparación económica se ordenaba en los procesos de garantías jurisdiccionales, cuando el obligado al pago era el Estado ecuatoriano, facultad consignada por ley a los tribunales contenciosos administrativos del país. Situación legal que generó un sinnúmero de procedimientos, ya que como se ha manifestado no existía un procedimiento claro y preciso al respecto, y por el contrario, la sana crítica del juez impulsó en la mayoría de casos a la asimilación al trámite ordinario previsto en el Capítulo IV, de la hoy derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, bajo la premisa del principio de legalidad. Esta situación adicionalmente generaba una serie de inconvenientes y demoras en la sustanciación de estos procedimientos, a pesar de existir lineamientos previos emitidos por la Corte Constitucional, mediante sentencia N.º 004-13-SAN-CC, expedida en la causa N.º 0015-10-AN, publicada en la Gaceta Constitucional N.º 003, de fecha 21 de junio de 2013, que sin duda generaron dudas en la sustanciación del trámite y forma de cuantificar los montos, con resultados insuficientes.

En este contexto, la Corte Constitucional, consciente que uno de los principales problemas que aqueja a la justicia constitucional es el incumplimiento de las sentencias constitucionales, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 82, numeral 2, literal b) y 86, numeral 3 de la Constitución de la República y, los artículos 6, 18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dictó la Sentencia N.º 011-16-SIS-CC, dentro del caso N.º 0024-10-IS, acción de incumplimiento de sentencia presentada por la señora María Eugenia Yépez Borja, frente al incumplimiento de la Resolución dictada por la Primera Sala de la Corte Constitucional para el periodo de transición, el 8 de julio de 2009, dentro de la acción de amparo N.º 0384-08-RA3, sentencia que podría haber pasado desapercibida, sin embargo,

Conforme consta en la sentencia No. No. 011-16-SIS-CC, la accionante señora María Eugenia Yépez Borja presentó una acción de incumplimiento de la resolución dictada por la Primera Sala de la Corte Constitucional para el periodo de transición, el 8 de julio de 2009, dentro de la acción de amparo No. 0384-08-RA. La acción de amparo citada se presentó en contra del Director del Hospital Nivel 1 IESS del cantón Durán, impugnando el acto administrativo contenido en el oficio No. 322161101-1822-07 de 3 de diciembre de 2007, con el cual se le notificó con la conclusión de la relación laboral, en calidad de Médica Postgradista. En este sentido, se señala que el Juez primero de lo penal del Guayas, resolvió inadmitir la acción de amparo constitucional presentada, y en apelación la Primera Sala de la Corte Constitucional para el periodo de transición, revocó la resolución subida en grado, y concedió el amparo propuesto, disponiendo que se le reintegre a su cargo y se le devuelva el expediente al juez de instancia para los fines de ley. En la sentencia mencionada, frente a un incumplimiento de sentencia, la Corte Constitucional concluyó que “los representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil han incumplido parcialmente la resolución dictada por la Primera Sala de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, dentro del caso No. 0384-08-RA, en lo que tiene que ver al pago de haberes dejados de percibir desde su separación hasta su reincorporación como médico especialista en neurología en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Durán, al pago de su remuneración por el mes de diciembre del 2007; el retroactivo por reliquidación de remuneraciones desde enero del 2006 hasta junio de 2007 y, en su afiliación al IESS desde que inició su relación laboral hasta que fue reintegrada a su puesto de trabajo”. De esta forma, en la parte resolutiva de la sentencia, sobre este punto se resolvió: “1.- Declarar el incumplimiento parcial de la resolución, dictada el 8 de julio de 2009, por la Primera Sala de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, dentro de la acción de amparo No. 0384-08-RA, en lo concerniente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir por la accionante durante el tiempo que fue separada de su cargo hasta su reincorporación, esto es, entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de noviembre de 2009, así como, el pago de su remuneración del mes de diciembre de 2007, el retroactivo de reliquidación de remuneraciones desde enero del 2006 hasta junio de 2007; y, su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde diciembre de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2009…”.

por su naturaleza, la Corte Constitucional se sirvió de ella, para normar un proceso de ejecución de reparación económica, -como así lo han denominado-, en sede contencioso administrativa, procedimiento necesario y que no se encontraba previsto en el ordenamiento jurídico. En este sentido, el presente trabajo tiene por objeto esbozar el trámite que debe guiar el trabajo de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa y de los abogados en general, en materia de reparación económica, al amparo del artículo 19 ibídem, y que surge como una respuesta al problema del incumplimiento de las sentencias constitucionales en general.

1. Procedencia

Como se ha mencionado la sentencia N.º 011-16-SIS-CC, expedida por la Corte Constitucional dentro del caso N.º 0024-10-IS, viene a solucionar en parte uno de los problemas que inquieta a la jurisdicción constitucional y es aquel relacionado con el incumplimiento de las sentencias constitucionales. La sentencia que comento señala expresamente en su parte considerativa que la realidad procesal de aquellas causas en las cuales intervienen los tribunales distritales de lo contencioso administrativo para ejecutar las sentencias constitucionales era dramática, por la falta de unificación de procedimientos y de claridad a la hora de interpretar la norma legal. Se dice textualmente que:

De conformidad con la documentación remitida por los tribunales contenciosos administrativos del país, en atención a lo dispuesto en el oficio No. 263-2014-CCE-P del 11 de junio de 2014, por el presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, se observó que en su mayoría los procesos de ejecución de reparación económica no están siendo sustanciados con la celeridad que corresponde. Tanto es así, que de la última información presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, respecto del proceso de ejecución de reparación económica No. 17811-2014-1609, se encontró que dicho proceso duró aproximadamente nueve meses. Lo anterior, parece responder a una falta de uniformidad en la sustanciación de los procesos de ejecución de reparación económica, por parte de los tribunales contenciosos administrativos del país. De ahí que, de la información presentada se encontraron diferencias en la forma de ingreso de la causa a la judicatura, la presentación de alegatos por parte de los involucrados, apertura o no de periodos de prueba, la emisión de sentencias, la utilización de informes periciales y la ejecución de la decisión. Además, las diferencias se evidenciaron tanto dentro de la misma judicatura como entre los distintos tribunales contenciosos administrativos, como se advirtió de la información conocida por el Pleno del Organismo en sesión de 17 de marzo de 2016. De esta manera, la Corte Constitucional estima necesario esclarecer la forma como deberían sustanciarse en general los procesos de ejecución de reparación

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