Publicado por CAPJCENTRAL el

REVISIONES PROCESALES PARA UN COMPLIANCE BASADO EN EL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL ECUADOR

Mauricio Enrique Pacheco

Universidad Central del Ecuador, Quito – Ecuador 

RESUMEN

Las publicaciones de autores ecuatorianos sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas son prácticamente inexistentes. De los escasos trabajos revisados, ninguno aborda, con cierta minuciosidad, el tema del modelo de responsabilidad corporativa y el compliance, ni sobre la determinación del alcance y significado de los principios informadores del Derecho procesal penal desde la criminalización primaria. 

Frente a esta previsible problemática, generada por el Legislador ecuatoriano y que ha sido objeto de una irremediable falta de atención de los estudiosos del Derecho penal en nuestra realidad, invocamos los criterios y las opiniones de los grandes penalistas europeos y principalmente de autores españoles que han contribuido vigorosamente en el desarrollo de criterios claros, racionales y prácticos para el procesamiento penal de las personas jurídicas, en el marco de las garantías constitucionales de las que son titulares las personas jurídicas. La cuestión sobre la utilidad procesal de la adopción de los programas de compliance en la determinación de, si en un modelo de responsabilidad, por hecho propio, su mera existencia y su efectividad tienen consecuencias atenuantes o eximentes de culpabilidad y cuál debería ser el tratamiento, en relación con el principio acusatorio y el principio de presunción de inocencia, vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

PALABRAS CLAVE

Compliance, responsabilidad penal de las personas jurídicas, carga de la prueba, principio acusatorio, proceso penal 

ABSTRACT

The publications of Ecuadorian authors on the issue of criminal liability of legal persons are practically non-existent. Of the few works reviewed, none addresses, with some thoroughness, the issue of the corporate responsibility model and compliance, nor on the determination of the scope and meaning of the reporting principles of criminal procedural law since primary criminalization. 

Faced with this foreseeable problem, generated by the Ecuadorian Legislator and that has been the subject of an irremediable lack of attention of criminal law scholars in our reality, we invoke the criteria and opinions of the great European criminalists and

mainly of Spanish authors, who have vigorously contributed to the development of clear, rational, and practical criteria for the criminal prosecution of legal persons within the framework of the constitutional guarantees of which legal persons are holders. The question of the procedural utility of the adoption of compliance programs in determining whether in a model of responsibility, in their own right, their mere existence and their effectiveness have mitigating or exempt consequences of guilt and what the treatment should be in relation with the accusatory principle and the principle of presumption of innocence in force in the Ecuadorian legal system. 

KEYWORDS

Compliance, criminal liability of legal persons, burden of proof, accusatory principle, criminal proceedings

I. Ideas generales para el diseño de un compliance aplicable como eximente o atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ecuador

I. A. Compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica

Debe ser un programa que tenga como objetivo central no solo la existencia de una estructura preventiva de detección y de denuncia de las infracciones penales a las autoridades públicas después de cometido o incrementado un riesgo para los bienes jurídicos amparados por la Ley, sino que, además, importe una actividad institucional, que propenda la fidelidad al Derecho.

Pero agregaría otro objetivo: el constituir a los programas de cumplimiento como elementos eximentes o de atenuación de la rppj, orientados a validar o legitimar la relación existente entre la capacidad autorregulatoria privada y la potestad estatal de control corporativo. En otras palabras, se debe superar la duda sobre si el compliance program es o no objeto de prueba, en la determinación de responsabilidad penal corporativa, en un modelo de responsabilidad propio propuesto antes en términos generales.

Este articulo pretende demostrar que la no existencia de compatibilidad entre el sistema de imputación vicarial y el compliance, como instrumento explicativo de la responsabilidad penal corporativa, no es posible, dadas las estructuras dogmáticas y procedimentales diferentes y que, por el contrario, si utilizamos el modelo de responsabilidad corporativa, por hecho propio, los programas de cumplimiento vienen a constituirse en el insumo principal del proceso penal de imputación a la organización.

Utilizaremos como metodología ciertos elementos del modelo planteado por Nieto, el cual tiene la característica de permitir, con una aceptable flexibilidad, insertar el programa del compliance en el sistema de responsabilidad penal propio para las personas jurídicas.

La propuesta elaborada de Nieto Martín toma en cuenta una serie de presupuestos, que deben irse adaptando a las realidades de cada ordenamiento jurídico. Analicemos brevemente las principales.

I. A. 1. Un modelo de responsabilidad más internacional y aceptable

Las categorías del delito tienen su fuente en la dogmática penal alemana, que no es muy extendida en todo el mundo y más bien tienen una cobertura muy restringida. Por ello, Nieto sugiere que hay que tener muy en cuenta que las estructuras productivas y financieras de las corporaciones, tienen cada vez más connotación internacional y transfronteriza, regidas por distintos constituyen la cadena de desarrollo de las actividades productivas o de servicios prestados por la organización6. Enfocarnos en modelos particulares, que no responden a las líneas generales trazadas por el Derecho comparado en Europa y en Latinoamérica, no nos serviría de mucho para futuros desarrollos dogmáticos, que los vayan perfeccionando.

I. A. 2. Programas de cumplimiento orientados a la prevención

Entendamos que un programa de cumplimiento tiene dos modalidades, que pueden adoptar las corporaciones, cada una con consecuencias diferentes: los jueces deben, en primer lugar, comprender los alcances del programa de cumplimiento para, de acuerdo con ello, determinar el grado de eficacia en el control preventivo de las infracciones. Como ya anticipamos, existen dos grandes modelos de compliance: los modelos de vigilancia y el modelo del código ético.

El modelo de código de conducta o ético se estructura sobre una base de medidas normativas, de carácter preventivo, orientadas a generar sentimientos solidarios y un ambiente propicio para el desarrollo de una conciencia ética social de los empleados

y funcionarios de la persona jurídica, a través del proceso de formación constante dentro de la corporación. El control debe realizase permanentemente, a través de la verificación de la aplicación de ciertas regulaciones, ciertos principios y valores, que identifiquen todas las actividades que desarrolla la empresa, tales como la contratación de personal, el tipo de proveedores, la atención al cliente, etc.

En consecuencia, dentro de un modelo de valores éticos, lo recomendable, en la denuncia de los actos irregulares, es que no debe ser anónima, sino reservada. La confidencialidad en la denuncia denota una orientación, por el cultivo de valores, que, a diferencia del anonimato, no da lugar a posturas abusivas de autoridad, la cual termina prefiriendo el control por el control. Esta especie de cívica corporativa prefiere la confidencialidad antes que el anonimato, para alejarse de prácticas colaboracionistas con aquellos regímenes autoritarios que terminaron convirtiendo a las empresas en centros ilegales de obtención de información y delación, utilizada para procesos persecutorios en contra de empleados y funcionarios de las organizaciones jurídicas.

Un sistema de control con orientación a los valores concibe a las sanciones como un asunto de mínima intervención y de última instancia, con el máximo respeto a las reglas del debido proceso, con penas proporcionales y segundas oportunidades, apostando por sanciones que estén individualizadas. No son solo modelos de prevención de delitos, sino que su implementación, debe tener efectos que vayan mucho más allá de la línea preventiva penal y adquiera otras connotaciones, ligadas a la construcción de culturas ético legales en el desempeño corporativo.

Redimensionar imagen
Contraste