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DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL: UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA REGULACIÓN ESPAÑOLA

Miguel Polaino – Orts

Universidad de Sevilla (España)

RESUMEN:

El derecho penal de la seguridad vial ha recibido una atención creciente por parte de la doctrina penalista en los últimos años, debido en gran medida a las profundas y sucesivas reformas legales a que ha sido sometido. En los últimos tres lustros, en la legislación penal española han operado una amplia modificación en estos delitos, introduciendo  nuevas figuras y reformando substancialmente figuras antiguas, además de agravando el sistema de penas. La mayor parte de estos delitos sanciona una conducción anómala o incorrecta, que bien es realmente insegura (esto es: que genera una inseguridad en el tráfico vial), bien se presume que lo es. Junto a ellos, existen otras dos figuras heterogéneas relacionadas con el tráfico diario: por un lado, el delito de negativa por parte del conductor a someterse a un control de alcoholemia o drogadicción; por otro, la creación de un grave riesgo para la circulación mediante determinadas conductas, justamente el desarrollo de estas figuras constituirán el eje central del presente artículo. Cabe recalcar que, se contienen en esta sede unas disposiciones de carácter general.

PALABRAS CLAVES:

Derecho penal, seguridad vial, delito, conductor, espacio público.

ABSTRACT:

Criminal law on road safety has received growing attention from criminal law doctrine in recent years, largely due to the profound and successive legal reforms to which it has been subjected. In the last three decades, Spanish criminal legislation has undergone a wide modification in these crimes, introducing new figures and substantially reforming old figures, in addition to aggrava- ting the criminal justice system. Most of these crimes punish an anomalous or incorrect driving, which is either really unsafe (that is, it creates insecurity in road traffic), or it is presumed that it is. Along with them, there are two other heterogeneous figures related to road traffic: on the one hand, the crime of refusal by the driver to submit to a breathalyzer or drug addiction control; on the other, the creation of a serious risk to traffic through certain behaviors, precisely the de- velopment of these figures will constitute the central axis of this article. It should be noted that general provisions are contained in this headquarters.

KEY WORDS:

Criminal law, road safety, crime, driver, public space.

SUMARIO:

A nueva faz del derecho penal de la seguridad vial

Elementos comunes a los tipos delictivos

Delito  de conducción  a velocidad excesiva (art. 379.1)

Delito de conducción habiendo consumido drogas tóxicas, estupefacientes, substancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas (art. 379.2)

Problemas concursales

El nuevo delito de abandono del lugar del accidente (art. 382 bis)

Delito de negativa a someterse al control de alcoholemia o drogadicción (art. 383)

Delito de conducción sin carné de conducir vigente (art. 384)

Delito de creación de grave riesgo para la seguridad vial (art. 385)

Disposiciones comunes (art. 385 bis y ter)

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LA ACCIÓN POPULAR EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ESPAÑOL

Agustin-J . Pérez Cruz Martín

Universidad de Oviedo (España)

RESUMEN:

El ejercicio de la acusación popular ha permitido que procesos penales en los casos gal, filesa malesa y time-export, baltarsar garzón o contra entidades financieras (Novacaixagalicia y Caja Madrid), dirigiéndose, en este caso, acusaciones contra los expresidentes de Caja Madrid,  Rodrigo  Rato  y Miguel Blesa, entre otros, por el uso presunta- mente fraudulento  hecho con las tarjetas black, o contra el expresidente  de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el llamado «caso de los trajes», o, quizás, sin duda, el más mediático, dirigido, entre otros, contra D.ª  Cristina de Borbón y Grecia (caso Nóos), hija de S. M. el Rey Emérito de España y hermana del actual Jefe del Estado español (S. M. el Rey Felipe vi), y el marido de ésta, pudieron llegar hasta su final, mediante sentencia, pudiéndose imponer en algunos de dichos casos, o bien a la condena del acusado, o imposición de pena más grave a la que fue objeto de acusación por el Ministerio Fiscal en atención a la pena solicitada por la acusación popular.

PALABRAS CLAVES:

Ministerio fiscal, procesamiento criminal, ciudadanos, sentencia

ABSTRACT:

The exercise of the popular prosecution has allowed criminal proceedings in the gal, filesa malesa y time-export, baltarsar garzón cases or against financial entities (No- vacaixagalicia and Caja Madrid), in this case, accusations about the former presidents of Caja Madrid, Rodrigo Rato and Miguel Blesa, among others, for the allegedly fraudulent use made with the ‘black’ cards, or about the former president of the Generalitat  Valenciana, Francisco Camps, in the so-called «case of suits», or, perhaps, without a doubt , the most mediatic, direc- ted, among others, against D.ª Cristina de Borbón and Grecia (Nóos case), daughter of S. M. the King Emeritus of Spain and sister of the current Head  of the Spanish State (H. M. King Felipe vi), and her husband, were able to reach their end, by means of a sentence, being able to impose in some of these cases, or at the conviction of the accused, or imposition of a more serious penalty than that which was the object of accusation by the Public Prosecutor’s Office in response to the sentence requested by the popular prosecution.

KEY WORDS:

Public Prosecutor’s Office, criminal prosecution, citizens, judgement.

SUMARIO:

Concepto, naturaleza y fundamento

El reconocimiento constitucional de la acción popular

Limitaciones  y  alcance  del  ejercicio de  la acción popular (especial consideración de la doctrina del Tribunal Supremo, sentada en los denominados «caso Botín», «caso Atutxa»«caso Ibarretxe» y «caso Nóoss»)

Ámbito de la acción popular

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MOVIMIENTO ZAPATISTA Y REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA

Haydee Maricela Mora Amezcua

Universidad Autónoma de Querétaro

RESUMEN:

En este artículo, se hace un recuento del papel tardío que han tenido, dentro de la legislación mexicana, los derechos de los pueblos indígenas. Se pone énfasis en la importancia que para este fin, tuvo la aparición del Ejército Zapatista  de Liberación  Nacional  y de los vacíos, los cuales presenta  la ley vigente, resultado de las negociaciones entre el Gobierno  federal y el movimiento Zapatista.

PALABRAS CLAVES:

Indígenas, Constitución, reforma, derechos, justicia.

ABSTRACT:

This paper recounts the late role that the rights of indigenous people have had in Mexican legis- lation. Also, the importance of the appearance of the Zapatista Army for National  Liberation, and the gaps presented  by the current law, which was the result of negotiations  between the federal government and the Zapatista movement.

KEY WORDS:

Indigenous, constitution, reform, rights, justice

SUMARIO:

Se  escucha  la  voz  del  pueblo  indígena:ejército Zapatista de liberación nacional

Acuerdos sobre derechos y cultura indígena (acuerdos de san andrés larraínzar)

Una reforma constitucional tardía

Mirando a los indígenas: el artículo 2 constitucional

Comentarios al artículo 2.º constitucional

Conclusiones

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AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DELITOS COMETIDOS DESDE EL SENO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA: ¿IMPUTACIÓN POR ACCIÓN U OMISIÓNA?

Vicente Vásconez Merelo y José Antonio Burneo

Investigadores Independientes

RESUMEN:

La estructura organizacional de una sociedad anónima complica en gran medida la imputación de responsabilidad penal para cada infractor en particular, sin embargo, es una tarea factible siempre que se haga buen uso de la dogmática de los delitos de actividad o de omisión, según sea el caso. En el derecho positivo ecuatoriano, en el marco del delito de cohecho, en el supuesto en que un gerente ordene a una gama de eslabones inferiores, que sobornen a un funcionario público, solo podrá imputarse autoría a dicho gerente siempre que se «eche mano» de la teoría del autor detrás del autor, ideada por el profesor Friedrich Christian Schroeder. Por otro lado, en el marco del delito de manipulación genética, en caso de que la actividad criminal sea ordenada o consentida por el gerente de una sociedad, con ese giro del negocio, lo más acertado será utilizar la estructura del delito omisivo impropio, para endilgar responsabilidad penal en calidad de autor al gerente, pues en tanto que la salud es uno de los bienes jurídicos contemplados por la norma del artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, es completamente admisible una imputación en comisión por omisión.

PALABRAS CLAVES:

Autoría mediata, cohecho, manipulación genética, omisión impropia, sociedad anónima.

ABSTRACT:

The organizational structure of a corporation complicates the imputation of criminal liability for each offender. However, it  is a feasible task, if the dogmatic of activity or omission offence is made to be used. In Ecuador’s Positive Law, in the context of the crime of bribery, in the event that a manager orders a range of power links to bribe a public official, he can only be charged with that manager provided that he takes cover of the author’s theory behind the author devised by Professor Friedrich Christian Schroeder. On the other hand, in the context of the crime of genetic manipulation, in case the criminal activity is ordered or consented to by the manager of a corporation with that turn of business, it will tend to use the structure of the wrong omissive crime to include criminal liability as an author to the manager, since health is one of the legal assets contemplated  by Article 28th of the Organic Criminal Code; an objection in commission by omission of the author is fully admissible.

KEY WORDS:

Mediate authorship, bribery, genetic manipulation, improper omission, corporation.

SUMARIO:

Estructura organizacional de una sociedad anónima: una mirada al órgano de administración

La sociedad anónima y sus órganos

Responsabilidad  penal del  órgano  de  ad- ministración en una sociedad anónima res- pecto del delito de cohecho

Conclusiones

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EL VIRUS DE LA CORRUPCIÓN Y SU COMBATE EN LOS CASOS DE LA TRANSNACIONAL ODEBRECHT

David Padilla Moreno

Investigador Independiente

RESUMEN:

La corrupción es una de las mayores deudas que tienen las democracias modernas de los países en desarrollo. Desde los albores de la humanidad  ha existido este mal, que ahora marca la diferencia entre países serios, desarrollados y con instituciones sólidas y confiables, frente a países pobres, donde el poder está por sobre la ley. Es importante conocer el marco jurídico para combatir este flagelo: normativa internacional, nacional, y saber que el cometimiento de actos de corrupción lesiona gravemente incluso los derechos humanos. Se analizan también diversas razones que dificultan desterrar este virus, desde lo económico, lo político-administrativo y lo social y cultural. Finalmente, se verifica cómo en la vida real una reconocida y millonaria empresa privada transnacional (Odebrecht) corrompió a casi todos los países del continente, haciendo un especial análisis de lo ocurrido en las jurisdicciones de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia.

PALABRAS CLAVES:

Corrupción,  historia, derecho  internacional,  derechos humanos,  aspectos económicos, político-administrativos, sociales y culturales, casos Lava Jato-Odebrecht.

ABSTRACT:

Corruption is one of the biggest debts of modern democracies in developing countries. Since the dawn of humanity, this evil has existed, which now marks the difference between serious, developed countries with sold and reliable institutions compared to poor countries, where power is above the Law. It is important to know the legal framework to combat this scourge: international and national regulations, and to know that the commission of acts of corruption seriously damage even Human Rights. The various reasons which make difficult to banish this virus are also

analyzed from the economic, political- administrative, social, and cultural aspects. Finally, it is verified how in real life a recognized and wealthy private transnational  company (Odebrecht) corrupted almost all the countries of the continent, making a special analysis of what happened in the jurisdictions of Brazil, Peru, Ecuador, and Colombia.

KEY WORDS:

Corruption,  history, International Law, Human  rights, economic, political-administrative,  so- cial, and cultural aspects, Lava Jato-Odebrecht Cases.

SUMARIO:

Breve historia de la corrupción

Aspectos jurídicos del combate a la corrupción

Normativa nacional

Vulneración de los derechos humanos a través de actos de corrupción

Aspectos económicos del combate a la corrupción

Aspectos político-administrativos del combate a la corrupción

Aspectos sociales y culturales del combate a la corrupción

Casos emblemáticos recientes de corrupción transfronteriza

El caso Lava Jato, capítulo Brasil

El caso Lava Jato, capítulo Perú

La ida y vuelta de Odebrecht, capítulo Ecuador

El caso Odebrecht, capítulo Colombia

Conclusiones

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TEMAS JURÍDICOS DERIVADOS DE UNA PANDEMIA

Rubén Castro Orbe

Universidad Central del Ecuador

RESUMEN:

En el presente trabajo, me propongo realizar una revisión de algunos elementos de la realidad, que son parte del escenario creado a partir de la pandemia y sus efectos en la convivencia humana para, a partir  de ellos, tratar  de comprender  algunas evidencias y necesidades, que se plantean en el mundo jurídico, tanto a nivel teórico, cuanto del ámbito estrictamente normativo. Se tratarán aspectos de naturaleza jurídico-doctrinaria, jurídico- política y constitucional, penal y, por mi mayor cercanía con el ámbito laboral, pondré énfasis en algunos aspectos de éste, incluso con la intención de mostrar algunas aberraciones, que se han producido, con motivo de la «oportunidad» empresarial de reducir la plantilla laboral o deshacerse de trabajadores de alguna antigüedad,  mediante el despido intempestivo, que lejos de adquirir legalidad, sigue siendo un mecanismo ilegal y abusivo en las relaciones laborales.

PALABRAS CLAVES:

Pandemia,  neoliberalismo, derecho, derechos fundamentales,  contrato  de trabajo, estabilidad laboral.

ABSTRACT:

With  the present work, I propose to carry out a review of some elements of the reality, that are part of the scenary created by the pandemic and its effects in the human harmony in the legal world, both on the theoretical level and on a strictly normative level. Aspects of legal-doctrinal, legal-political, and constitutional nature will be dealt with and due to my closer proximity to the workspace, I will emphasize some aspects of it, including the intention to show some aberrations that have occurred due to the business opportunity to reduce the workforce or get rid of workers
of some seniority, throughout the untimely dismissal that, far from acquiring legality, remains an illegal and abusive mechanism in labor relations.

KEY WORDS:

Pandemic, neoliberalism, Law, fundamentals rights, work agree, job stability.

SUMARIO:

1.    La incertidumbre

2.    La crisis de la normalidad

3.    La pandemia y la crisis económica

4.         Las relaciones internacionales y otras consecuencias más

5.    Varios tópicos jurídicos derivados

5. 1. La pandemia y algunas consideraciones jurídico-doctrinarias

5. 2. El derecho constitucional y los cambios políticos

5. 3. La amenaza a los derechos fundamentales

6.          Otros tópicos jurídicos derivados de la pandemia

6. 1. Sobre los efectos del transcurso del tiempo

6. 2. Tópicos penales

6. 3. Tópicos laborales

7. Conclusiones

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LA OMISIÓN PROPIA Y LA COMISIÓN POR OMISIÓN O IMPROPIA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

Alvaro Francisco Roman Marquez

Universidad Central del Ecuador

 RESUMEN

En el presente artículo se ha realizado la construcción de la omisión, un tema que, en el Ecuador, es poco tratado y casi nunca escrito, por ese motivo vi la necesidad de escribir para aportar y que sirva de insumo a la construcción sobre esta categoría. En ese contexto, el tema resulta, sumamente interesante y complejo, por la forma como la dogmática ha discutido la omisión desde las diversas escuelas del delito, conocimiento que nos ayuda a entender el tema para poder trasladarlo al Ecuador, bajo una construcción propia. La omisión propia tiene diversa construcción que la omisión impropia. También se trató de abarcar la categoría 

de la posición de garante, con todas sus fuentes, tanto formales, como materiales, mixtas y de imputación objetiva, con la finalidad de poder entender la equiparación de la acción con la comisión por omisión. Lo que debemos entender son las fórmulas que se han discutido para buscar la equiparación de la acción y de la comisión por omisión. 

PALABRAS CLAVE:

Garantismo, omisión propia, comisión por omisión u omisión impropia. Posición de garante. Fuentes de la comisión por omisión 

ABSTRACT: 

In this article, the construction of the omission has been carried out, because is an issue that in Ecuador is little treated and almost never written. For that reason, I decided to write to contribute as an input to the construction on this category. In this context, the subject is extremely interesting and complex due to the way dogmatic has discussed the omission from the various schools of crime, which helped understand the issue, in order to transfer it to Ecuador under its own construction. Self-omission is understood to have a different construction like improper omission. It also tried to cover the category of the guarantor position with all its sources, both formal, material, mixed, and objective imputation, in order to understand the equation of the action with the commission by default. What we must understand is the formulas, that have been discussed to find the equation of action and commission by default.

KEY WORDS: 

Guarantee, own omission, commission for omission or improper omission, guarantor position, sources of commission for omission 

SUMARIO: 

1. Ubicación de la omisión en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; 

2. La omisión; 

3. El tipo objetivo en el delito de omisión impropia; 

4. La existencia de la causalidad en el delito de omisión; 

5. El delito de omisión impropia; 

6. La posición del garante; 

7. Los elementos del delito de omisión impropia; y, 

8. Conclusiones. 

1. ubicación de la omisión en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

Cuando el Ecuador, con la elaboración de la Constitución de 2008, se adhiere al modelo explicativo del garantismo, éste tiene dentro de su construcción axiomas garantistas3, tanto de carácter penal y procesal; los primeros son los de retribución, materialidad, lesividad y culpabilidad; los segundos son de jurisdicción, acusatorio, probatorio, contradicción y defensa. 

Estos constituyen límites y son vinculantes para el poder punitivo, es decir, debemos entender que la primera función debe servir para que el poder en el ejercicio de sus competencias, se abstenga de realizar acciones, que puedan afectar los derechos; y, en la segunda, es vinculante, porque sus acciones deben fomentar la vigencia de los derechos para que los ciudadanos los puedan ejercer a plenitud, sin restricciones abusivas. 

En ese sentido, el axioma de la materialidad, en primer momento, tiene relación directa con el Derecho penal, de acto o de hecho, que surgió para criticar al Derecho penal de autor, que es la construcción de perseguir a las personas por sus creencias, ideologías, por cuestiones biológicas y construcción de índole social, que constituían un peligro para la sociedad, el gobernante de turno y el grupo hegemónico. En conclusión, se castigaba por lo que eras, por tu personalidad. 

Para contradecir, la modernidad construye el Derecho penal de acto, cuya principal preocupación es que la acción prohibida por la Ley penal, debe ser exteriorizada o como se sostiene es la que 

se debe realizar o no realizar; en consecuencia, debe tener una existencia en la realidad para que se pueda valorar con criterios objetivos, verificarse mediante la prueba o demostrarse científica y técnicamente para determinar que se trata de una acción u omisión, que se realizó la acción hacia el mundo; por tanto, para el finalismo y siguiendo el Derecho penal de acto, en los textos legales siempre debe existir una acción u omisión final. 

El axioma de lesividad es cuando esa acción que se exterioriza o se realiza se encuentra prohibida u ordenada por la norma que está contenida en el texto legal del tipo penal y que se deduce lógicamente de la interpretación que se realiza; esta norma de conducta debe ser de acción u omisión y cuando se realiza, debe ser penalmente relevante, es decir, peligrosa contra el bien jurídico, ya que debe tener la capacidad de producir un resultado, con el cual dañe o amenace al bien jurídico que protege. 

Cuando la acción se realizó en el mundo exterior, para que sea penalmente relevante es porque se adecuo a la situación jurídica, además lo que hizo es una violación a la norma de conducta, por lo que se originó el desvalor de acción. Por ejemplo, cuando A por medio de una pistola amenaza a B y se apodera de su billetera con la suma de 1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. Esta acción se adecúa (tipicidad) a la situación jurídica, que se encuentra descrita con todas sus circunstancias en el tipo penal del artículo 161, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, en este primer momento al ser típica, además, violenta la norma de conducta de prohibición, la cual determina que no realice el robo de cosa ajena. Éste constituye el desvalor de la acción. 

En tanto el desvalor del resultado, se determina cuando la acción de apoderamiento, se consumó y produjo el resultado 

de desapropiación de la cosa que le pertenecía (billetera con los US $ 1.000.00) y en ese momento, el resultado producido por la acción, sin que medie ninguna causa justa, produce una afectación al bien jurídico, que es la propiedad de B, para determinar si esa acción puede constituir una amenaza o daño con el resultado al bien jurídico. 

Y, por último, el axioma de culpabilidad es un límite cuando se debe determinar que el ser humano efectivamente ha violentado la norma, con plena capacidad intelectual y que lo hizo teniendo, la comprensión de que su acto es antijurídico. No se lo puede declarar responsable, si no actuó con esta libertad de hacerlo, conforme a Derecho o en contra. Siguiendo el mismo ejemplo: A debe tener la capacidad, es decir, no debe ser ni adolescente, ni tener perturbaciones o patologías mentales, que afecten su capacidad de comprender su actuación, conforme a Derecho; y, si tiene esa capacidad, debe comprender que su actuación es antijurídica y lesiva contra el bien jurídico de B, por lo que se le puede atribuir, reprochar o imputar el hecho típico, antijurídico. 

Estos axiomas garantistas, que se describen en la norma constitucional ecuatoriana, dentro de los derechos de protección y en especial del debido proceso, llevan a observar que el Derecho penal ecuatoriano es de acto o de hecho, cuando: Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión4, es decir, que es preciso que deben existir esas dos modalidades, las cuales deben materializarse en la realidad para poder ser desvaloradas como delito. 

En el cuerpo normativo penal, se señala que: La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión5, en ese sentido, podemos ver que funciona como un límite al poder punitivo, en especial al legislativo, el cual no podrá elaborar tipo penales, sin que exista una conducta humana, que deba ser regulada. 

Además, esta va a servir como elemento básico o unitario del sistema de la teoría del delito6, así como de unión entre las demás categorías dogmáticas, a saber, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y, por último, servirá como delimitadora de los bienes jurídicos, que podrá afectar. 

Podemos interpretar que en el momento de la decisión de redactar la norma legal penal, se ubica a la conducta en una posición amplia, que comprende las dos modalidades, pero que estas dos tienen su propia estructura ontológica y normativa de explicación para que tenga relevancia o transcendencia jurídico penal. 

2. LA OMISIÓN

Para comprender de mejor manera el tema de la omisión, debemos conceptualizar qué entendemos como acción. María Ángeles Rueda Martín sostiene que antes que se desarrolle el sistema clásico de la teoría del delito: 

La dogmática jurídico penal se desarrolló bajo el concepto de imputación de Puffendorf y el concepto de la acción humana desarrollado por él. Dentro de este concepto de acción no están comprendidos todos los resultados causados por el ser humano, sino aquello que dependen de su voluntad o que son dominados por ella, de modo que solo estos resultados pueden serle imputados como su obra. Estas dos ideas son de gran importancia porque van a ser el denominador común en el concepto de imputación: por un lado, con este concepto se pretende delimitar las acciones por las que un sujeto puede ser responsable frente al caso fortuito, frente al acaso o a la causalidad, que no pueden ser exclusivo fundamento de la responsabilidad penal; por otro lado, el concepto de imputación depende totalmente de la voluntad7. 

La posición de Pufendorf se puede entender que consiguió dos logros. El primero, determinar la diferencia, entre los actos que eran imputables al ser humano y cuáles no le correspondían, como los casos fortuitos, de inconsciencia absoluta o de movimiento reflejo, que son actos en los cuales se encuentra anulada la voluntad. El segundo, cuando se pueden determinar que los actos humanos tienen una voluntad, la cual realiza y conduce hacia un fin para producir el resultado, que se encuentra previsto en la situación jurídica del tipo penal, con ello se fue abandonando el Derecho penal de autor, propio de la Edad Media. 

Se conoce que, en forma posterior, se dejó de lado la teoría de la imputación, para crear la teoría del delito-punibilidad, teniendo 

como fundamento la acción. En ese orden de ideas surge y por eso hay que tomar en cuenta el contexto histórico, en el cual se desarrolló la teoría causal de la acción. 

Esta teoría se desarrolló, cuando epistemológicamente se encontraba dominado el pensamiento por el conocimiento científico positivista, por lo mismo, el positivismo era la única forma de explicación de los fenómenos, del cual el Derecho no se excluye, surgiendo y desarrollándose el positivismo jurídico legalista; en ese sentido, ingresa el modelo explicativo del sistema clásico de la teoría del delito, en el cual se busca la causa u origen que determine un resultado, por tal razón, la acción se consideraba como un simple movimiento de voluntariedad, que producía un movimiento corporal, sin ningún otro contenido. 

Otro criterio para realizar la diferencia, entre la acción y la omisión, es el propuesto por Engisch, quien ha puesto en marcha la cadena causal mediante el empleo activo de energía y, así ha creado un riesgo para el bien jurídico protegido8. Continúa Harro Otto, explicando que: 

Este es el criterio decisivo para la acción. Si se constata que el autor no creado ni incrementado riesgo alguno para el bien jurídico protegido a través de la puesta en marcha de un curso causal, entonces se debe verificar si se le puede reprochar al autor una eventual omisión, es decir, el omitir poner en marcha una cadena causal para evitar el resultado

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VARIACIONES SOBRE TEMAS DE CARLOS ALCHOURRÓN Y EUGENIO BULYGIN. DERROTABILIDAD, LAGUNAS AXIOLÓGICAS E INTERPRETACIÓN

Riccardo Guastini

Universidad de Génova – Italia

 RESUMEN: 

El trabajo pretende analizar las relaciones entre la derrotabilidad de las normas y las lagunas axiológicas desde la perspectiva de una teoría realista de la interpretación. Algunos ejemplos muestran que los dos conceptos denotan fenómenos que se presentan a lo largo del proceso de interpretación y que dependen de las estrategias interpretativas de los juristas. El análisis de los ejemplos permite desprender algunas conclusiones: entre otras, la siguientes: 

1. La derrotabilidad no es una propiedad objetiva de las normas, antecedente a toda interpretación: por el contrario, es una de sus posibles consecuencias, es el resultado de una operación interpretativa (en particular, de una interpretación no literal, sino restrictiva, por medio de la cual se crean excepciones implícitas). 

2. Al derrotar una norma se excluyen de su alcance algunos supuestos (que, sin embargo, de acuerdo con una distinta interpretación sí estarían reglados por la norma); si dichos supuestos no resultan reglados por otra norma del sistema, el sistema está lagunoso; entonces, la derrota produce una laguna. 

3. Dicha laguna puede ser considerada axiólogica o normativa desde perspectivas interpretativas diferentes. Es decir, no se pueden distinguir las lagunas normativas de las lagunas axiológicas independientemente de la interpretación. Entonces incluso las lagunas normativas son variables dependientes de la interpretación: según una interpretación determinada hay una laguna normativa, mientras que según otra interpretación esta laguna milagrosamente desaparece, no subsiste en tanto laguna normativa, y entonces se convierte en laguna axio-lógica. 

4. La derrotabilidad de las normas y las lagunas axiológicas dependen no de la presencia, en el sistema jurídico, de principios, como suponen algunos autores, sino de las valoraciones de los intérpretes, que a menudo toman la forma de «teorías» jurídicas o tesis dogmáticas: algo construido por los juristas antes e independientemente de la interpretación de uno u otro enunciado normativo específico. 

PALABRAS CLAVE: 

Derrotabilidad de las normas, lagunas axiológicas, teoría realista de la interpretación.

ABSTRACT: 

The paper aims at analysing the relationships between defeasibility of norms and axiological gaps from the standpoint of a skeptical theory of legal interpretation. A number of examples show that the two concepts denote phenomena, which arise along the process of interpretation, and depend on the interpretive strategies of jurists. The analysis of such examples allows for a number of conclusions, such as the following. 

1. Defeasibility is not an objective property of norms, prior to interpretation; on the contrary, it is one of the possible consequences of interpretation – it is the result of a particular interpretive act (viz., a non-literal, restrictive interpretation through which implicit exceptions are created). 

2. By defeating a norm, interpreters exclude from its domain of application certain facts, (which according to a different interpretation would be included). Whenever such facts are not regulated by other valid norms, there is a gap in the legal system. Thus, the defeat produces a gap. 

3. Such a gap may be considered either normative or axiological from different interpretive standpoints. This means that one cannot distinguish between normative and axiological gaps independently of interpretation. As a consequence, even normative gaps depend on interpretation: according to a certain interpretation, a normative gap exists, while according to a different interpretation this gap disappears, does not exist as a normative gap, and, therefore, it converts itself in axiological. 

4. Defeasibility of norms and axiological gaps do not depend on the existence of principles (as many author maintained), they simply depend on interpreters’ evaluations, which often appear under the clothes of legal theories or dogmatic theses built up by jurists before and independently of the interpretation of any particular legal text. 

KEYWORDS: 

Defeasibility of norms, axiological gaps, the sceptical theory of legal interpretation.

1. Introducción 

Lo que quiero hacer en estas pocas páginas es intentar conectar sistemáticamente dos ideas que se encuentran en la teoría del Derecho de C. Alchourrón y E. Bulygin -la de laguna axiológica y la de derrotabilidad de las normas- con una teoría realista de la interpretación3. 

1. 1. Laguna axiológica. Una laguna axiológica es una situación en la cual un cierto supuesto de hecho sí está reglado por una norma, pero -según la opinión del intérprete- está reglado de forma axiológicamente inadecuada […], porque el legislador no tuvo en cuenta una distinción que debería haber tomado en cuenta. Se supone que el legislador no ha tenido en cuenta la distinción en cuestión por no haberla previsto y que, de haberla considerado, hubiera dado una solución diferente al supuesto de que se trata.

Dicho de otra forma, una laguna axiológica no es un caso sin solución, sino más bien un caso con una mala solución 5. Evidentemente, la laguna aquí no consiste en la falta de una norma sin más. Lo que falta no es una norma que regule el supuesto en cuestión, porque ese supuesto en efecto está reglado (de no ser así, habría una laguna no axiológica, sino normativa). Lo que falta es una norma satisfactoria o justa y, más precisamente, una norma diferenciadora, es decir una norma que regule de forma distinta un supuesto que al intérprete le parece distinto6. 

1. 2. Derrotabilidad de las normas. Cualquier norma jurídica puede ser reconstruida como un enunciado condicional: Si H, entonces J, donde el antecedente denota un clase de supuestos de hecho y el consecuente denota una clase de consecuencias jurídicas (tales como: obligaciones, permisiones, prohibiciones, sanciones, validez o invalidez de actos, etc.7. 

Ahora bien, muchas (sino todas) la formulaciones normativas [que se encuentran en un ordenamiento jurídico] son derrotables, esto es, poseen usualmente excepciones implícitas, existen circunstancias que derrotan la norma aunque ellas no están explícitamente enunciadas8, circunstancias que desplazan la obligación, aunque no estén formuladas expresamente9. La derrotabilidad implica dos consecuencias muy importantes. En primer lugar, para el condicional superable [i. e., derrotable] no vale la ley del refuerzo del condicional […]. En segundo lugar, tampoco vale la ley del modus ponens10. 

Dicho de otra forma, una norma derrotable es una norma sujeta a excepciones implícitas que no pueden ser enumeradas exhaustivamente de antemano, de manera que no es posible precisar por anticipado las circunstancias que operan como genuina condición suficiente de su aplicación11. 

Para mostrar la conexión entre lagunas axiológicas, derrotabilidad, e interpretación vamos a ver unos ejemplos ficticios (aunque no completamente ficticios). 

2. Algunos ejemplos 

2. 1. Primer ejemplo. En una república con constitución rígida, forma parlamentaria de gobierno, y control concentrado a posteriori sobre la constitucionalidad de las leyes, una disposición constitucional establece: El Presidente de la República puede oponer su veto a la promulgación de las leyes

¿A cuáles leyes se refiere esta disposición? Según la interpretación literal, a cualquier ley, porque el texto no distingue de ninguna forma entre leyes de tipos diferentes. 

Ahora, imaginemos un jurista que argumenta más o menos de la manera siguiente: 

a) Cabe distinguir entre dos tipos de leyes: por un lado, las leyes ordinarias; por otro lado, las leyes de revisión constitucional (esto es lo que, en teoría de la interpretación, se llama la técnica de la disociación). 

b) En el ordenamiento vigente (gobierno parlamentario) el Presidente de la República no es el jefe del poder ejecutivo, sino un poder neutro -algo como el pouvoir neutre de B. Constant- que tiene funciones no políticas, sino sólo de garantía de la constitución (esta, nótese, es una tesis no estrictamente interpretativa, sino dogmática: una tesis de teoría constitucional, si se quiere decirlo así). 

c) La función del veto presidencial es la de permitir al Presidente un control previo (distinto de lo del Tribunal Constitucional, que es sucesivo) sobre la constitucionalidad de las leyes; en particular, el Presidente tiene el poder de oponer su veto frente a leyes cuya inconstitucionalidad es evidente (esta es una tesis dogmático-interpretativa sobre la ratio legis, o sea sobre la finalidad de la disposición que se comenta). 

d) Por otro lado, un problema de constitucionalidad sólo puede presentarse con respecto a las leyes ordinarias: una ley de revisión constitucional nunca puede ser inconstitucional (excepto por razones formales), porque las leyes de revisión consisten precisamente en un cambio del texto constitucional. Las leyes de revisión, se podría decir, siempre, por definición, son inconstitucionales, pero están autorizadas a serlo (esta 

tesis se sigue analíticamente desde el concepto común de revisión constitucional). 

e) Entonces, la disposición constitucional de que se trata debe ser interpretada en el sentido que se refiere sólo a las leyes ordinarias, no a las leyes de revisión (esta es una primera conclusión interpretativa, que se sigue de la disociación combinada con unas tesis dogmáticas). 

f) La constitución no dice nada en absoluto sobre el poder presidencial de veto en relación con las leyes de revisión (se trata de una segunda conclusión interpretativa que, como la precedente, se sigue de la disociación y de la dogmática constitucional). 

g) Por consecuencia, el Presidente de la República no tiene el poder de oponer su veto a las leyes de revisión (esta es una segunda conclusión interpretativa, en sentido amplio, extraída a contrario a partir del silencio del texto constitucional: inclusio unius est exclusio alterius). 

 

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LA INCLUSIÓN DEL ERROR DE TIPO EN EL ORDENAMIENTO PENAL ECUATORIANO

Ramiro J. García Falconí

Káterin Vallejo Vaca

Universidad Central del Ecuador

 RESUMEN: 

El esquema del delito previsto en el Código Orgánico Integral Penal contempla al dolo como una modalidad de comisión del tipo, por lo que la sola ausencia del conocimiento total o parcial de los elementos objetivos darían paso a la aplicación del error de tipo, sin que su aplicación dependa del reconocimiento en la norma penal, sino de una consecuencia lógica como es el esquema conceptual contemplado en el coip. Sin embargo, la ausencia de esta figura en nuestra legislación permitió la errónea interpretación de los jueces, respecto a su aplicación, por lo que la inclusión de ésta constituye un avance en la dogmática y en la futura jurisprudencia penal ecuatoriana. 

PALABRAS CLAVE: 

Tipicidad, error de tipo, conocimiento, vencible, invencible, responsabilidad penal. 

ABSTRACT: 

The crime scheme provided for in the Comprehensive Organic Penal Code considers fraud as a modality of commission of the type, so the sole absence of total or partial knowledge of the objective elements would give way to the application of the type error; without its application, depends on recognition in Criminal Law, but on a logical consequence such as the conceptual scheme contemplated in the coip. However, the absence of this figure in our legislation allowed the erroneous interpretation of the judges regarding its application, so its inclusion constitutes an advance in dogmatics and in future Ecuadorian criminal jurisprudence. 

KEY WORDS: 

Typicity, type error, knowledge, beatable, invincible, criminal liability.

Artículo 28.1.- Error de tipo. No existe infracción penal cuando, por error o ignorancia invencibles debidamente comprobados, se desconocen uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal. 

Si el error es vencible, la infracción persiste y responde por la modalidad culposa del tipo penal, si aquella existe.

El error invencible, que recae sobre una circunstancia agravante o sobre un hecho que califique la infracción, impide la apreciación de ésta por parte las juezas y los jueces. 

El error en la legislación penal ecuatoriana 

Es evidente que la discusión penal en el país no ha sido muy afortunada y algo que debió delegarse a los expertos, lo asumieron al final del día los políticos. Esto explica varios de los errores de bulto con los que fue aprobado el Código Orgánico Integral Penal (coip) en el 2014. La definición de dolo, la de delito omisivo con el preferir no actuar y sobre todo la exclusión del error, tanto de tipo, como de prohibición, fueron muestra del altísimo nivel de desconocimiento que marcó el debate. Si tenemos en cuenta que se suprimieron los errores de tipo y de prohibición a última hora, con argumentos como que se iba a propiciar la impunidad, o, peor aún, que estos instrumentos se iban a prestar a una mala utilización por parte de los operadores de justicia, dejamos evidenciada la ignorancia en el tema por parte de los actores legislativos y de gobierno, que al haber excluido dichos artículos, dejó a los operadores de justicia en un limbo que, ese sí, dio lugar a una aplicación arbitraria de estas figuras, pues unos jueces procedieron, de conformidad a las formas de error contempladas por la moderna dogmática penal y otros, la desconocieron, lo que significa que la responsabilidad o inocencia de una persona dependía de factores como la suerte y el ánimo del juez que conocía la causa. 

Si el dolo contiene, tanto un elemento cognitivo (conocimiento), como uno volitivo (voluntad), resulta lógico preguntarse sobre cuál debe ser la respuesta del sistema penal, en el caso de la persona que actúa sin ese conocimiento. De igual forma, si el artículo 34 del coip exige como elemento de la culpabilidad el conocimiento de la antijuridicidad del actuar, es menester analizar qué pasa cuando dicho conocimiento falta o es defectuoso. La existencia del error, sea de tipo o de prohibición, no depende, por tanto, de su reconocimiento en la norma penal, sino que se constituye en una consecuencia forzosa del esquema conceptual, manejado por el coip. Esto ya sucedió en Alemania cuando en 1952, el Tribunal Supremo Federal dictó una sentencia, que reconoce estas formas de error, sin que estos se hayan encontrado expresamente señalados en el Código Penal. 

¿Podía negarse la existencia y aplicación del error de tipo y el error de prohibición, con base en el principio de legalidad y con el argumento de que estos fueron excluidos del coip

No y de ninguna manera, como lo vamos a demostrar, a continuación; el invocar el principio de legalidad para negar la aplicación de los errores de tipo y prohibición simplemente demostró un absoluto desconocimiento del contenido, perfil y límites del mencionado principio, por parte del juez que así procedía. 

El principio de legalidad ya es formulado de forma elemental en la obra de Beccaria4 al referirse a la decisión judicial como un 

silogismo, en el que la premisa mayor se encuentra constituida por la norma, la premisa menor por la conducta analizada y la conclusión, esto es la sentencia condenatoria o absolutoria, que dependerá de si la conducta se adecúa o no a la norma, que la define como delito. Esta formulación inicial es posteriormente desarrollada por Feuerbach, en su Tratado de Derecho Penal alemán5, bajo la fórmula: nullum crimen, nulla poena sine lege praevia (no hay delito, ni pena, sin ley previa). Este principio de mera legalidad penal ha sido desarrollado a su vez por Luigi Ferrajoli, quien plantea el principio de estricta legalidad, esto es considerar que si la función del Derecho penal es prevenir los delitos, el único modo de perseguirla racionalmente es indicar preventiva y exactamente sus supuestos típicos, en sede de amenaza legal, dado que solo se pueden prevenir y disuadir las acciones previstas, no las imprevistas, por dañinas que sean. 

Este es el sentido del principio de legalidad en materia penal y no debe confundirse con el principio de reserva de ley, que en materia administrativa prohíbe realizarse aquello que no se encuentra expresamente contemplado en la ley. Prueba de ello es que en materia penal, por derivación del principio de lex estricta, la prohibición de analogía solo rige cuando se trata de la llamada analogía in malam partem, aquella que resulta ser extensiva de la punibilidad. Por el contrario, la interpretación analógica in bonam partem estaría legitimada en la interpretación de la ley penal, en consecuencia de que el derecho fundamental a la legalidad, nunca puede resultar vulnerado, cuando se favorece al acusado. 

No cabe, por tanto, la objeción a la aplicación de un mecanismo, que elimine la responsabilidad penal o atenúe la misma, desde el principio de legalidad, supuesto en el que incurren, tanto el error de tipo, como el de prohibición. 

¿Por qué los errores de tipo y de prohibición son consecuencias necesarias de la estructura dogmática aplicada por el coip

Conforme consta en los artículos 26 y 34 del coip, tanto para el dolo, como para la culpabilidad se exige una forma de conocimiento de los elementos del tipo objetivo, en el primer caso, y de la antijuridicidad del actuar, en el segundo. La pregunta obvia que debemos formularnos es: ¿qué pasa cuando ese conocimiento no existe o es deficiente?, pues de lo contrario caeríamos en el equívoco de considerar que aún sin existir el conocimiento requerido por la propia ley, éste debe darse por la legalidad se refiere a la exigencia de someter la actividad penal del Estado a una ley previa a los hechos que se quieren sancionar, lo que impide su retroactividad, con la excepción de que se trate de una ley penal más benigna7, por lo cual ninguna sentencia condenatoria se puede dictar, aplicando una pena que no esté fundamentada en una ley previa, es decir, una ley en la que el hecho imputado al autor, sea amenazado con pena, lo cual implica que el razonamiento judicial debe comenzar con la ley8. siglo de existencia y comienza por la vieja división entre error de hecho y error de Derecho. 

La vieja nomenclatura utilizada hasta el Código anterior al coip se fundamentaba en la división del error en aquellos referidos al hecho (facti) y el que recaía sobre asuntos de Derecho (juris). Hasta la emisión del coip, el primero eximía de culpabilidad y el segundo resultaba irrelevante, bajo el principio error juris nocet, que derivaba del Derecho canónico, que distinguía entre error juris naturalis y error juris civilis10. Esta división caduca fue mantenida también en lo doctrinal como, por ejemplo, en el Manual de Ernesto Albán, en el cual al error de hecho se lo divide en esencial y accidental, mientras que al error de Derecho, ubicado al igual que el primero en la culpabilidad, no se le atribuye efecto exculpativo alguno11. El Estatuto de Roma, que mantiene una estructura mixta, entre el esquema anglosajón y el continental, contempla todavía los errores de hecho y de Derecho, en su artículo 32. 

Muchos autores caen en el error de considerar al finalismo como el generador de la diferencia, entre la vieja y la nueva nomenclatura, pero ésta es bastante anterior a la mal llamada teoría final de acción. De hecho, Alexander Graf zu Dohna, en 1924, ya establece la falta del dolo, cuando el autor no ha conocido la existencia de circunstancias de hecho que pertenecen al tipo12, 

finalismo está, sin duda, en la ubicación sistémica del error de tipo y el error de prohibición, en sede de tipicidad, el primero, y de culpabilidad, el segundo, desde la perspectiva de la norma penal, fundamentalmente, como norma subjetiva de determinación. La implantación de la distinción error de tipo y error de prohibición se produce con la emisión de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Federal alemán, en 1952, con base a los trabajos de Welzel13 y Busch. 

Es importante recalcar, además, que no es simplemente un cambio de nomenclatura la que se produce, al pasar del error de hecho y error de Derecho al error de tipo y error de prohibición. Cuando hablamos de una clasificación y de la otra, nos referimos a conceptos totalmente diferentes. Esto lo recalca Welzel, cuando enfatiza en que hay errores de hecho, que son errores de tipo, como, por ejemplo, la ajenidad de la cosa sustraída y hay errores de hecho, que son errores de prohibición, como el error que recae sobre los presupuestos fácticos de una causal de justificación15. Ejemplo de este último caso es quien mira a una persona meter su mano en su abrigo y considerando que va a ser atacado, dispara al supuesto agresor, cuando éste simplemente iba a sacar su teléfono móvil para hacer una llamada.

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DISCURSO EXTREMISTA Y LA EXPANSIÓN DE LA CENSUR

César Francisco Gallegos Pazmiño

Eddy Ismael Villacís Flores

RESUMEN: 

Las más importantes redes sociales han respondido al contenido denunciado como discurso de odio dentro de las veinticuatro horas a partir de su publicación, un proceso apresurado que puede intercambiar una expresión tan controvertida por resultados rápidos, haciendo que el contenido de interés periodístico y la crítica terminen siendo eliminados. El impacto de la coerción extralegal es de gran alcance, puesto que las leyes nacionales están limitadas por las fronteras geográficas, a diferencia de la aplicación global de los términos de servicio. Las empresas pueden contrarrestarlo con claridad de definición, responsabilidad sólida, transparencia detallada y supervisión del defensor del pueblo. 

PALABRAS CLAVE:

Libertad de expresión, censura, discurso de odio, redes sociales, términos de servicio. 

ABSTRACT: 

The most important social media platforms worldwide have replied to same content reported as “hate speech” through the next 24 hours since its posting date, an early procedure that might exchange a controversial expression for quick results, resulting in the fact that journalistic-interest content might be deleted. The impact in extra-legal pressure has reached a long range, due to national law is limited by geographic borders, unlike the global application if the terms of service. Companies can balance this issue with clear definitions, solid responsibility, detailed transparency and the vigilance of ombudsman. 

KEYWORDs: 

Freedom of expression, censure, hate speech, social media terms of service

Introducción: 

En 2008, el senador estadounidense Joseph Lieberman se enfrentó a las compañías de Internet. La disputa se refería a la demanda del senador referida a que las plataformas eliminarán cientos de videos de capacitación de Al-Qaeda. El senador Lieberman argumentó que al mantener los videos, las compañías de tecnología fueron cómplices en el reclutamiento de terroristas4. YouTube de Google se mantuvo rápido en defensa del derecho de los usuarios al expresar puntos de vista impopulares. Como escribió Jeffrey Rosen en ese momento, Nicole Wong de Google y sus colegas trabajaron de manera impresionante para poner el compromiso a largo plazo de la compañía con la libre expresión por encima de sus intereses financieros a corto plazo5

Ignorar las demandas del senador era una estrategia segura: cualquier esfuerzo para proscribir contenido extremista probablemente fracasaría, dada la hostilidad de la Primera Enmienda frente a las regulaciones basadas en puntos de vista. La libertad de expresión estadounidense valora las decisiones de políticas guiadas en Silicon Valley mucho después del enfrentamiento con el senador Lieberman. Las compañías de medios sociales miran rutinariamente a la doctrina de la Primera Enmienda al elaborar políticas en los términos de servicio referentes al discurso. Twitter, un ejemplo de este espíritu, fue conocido como el ala de la libertad de expresión del partido de la libertad de expresión.

Desde el principio, el compromiso de las empresas de tecnología con la libre expresión admitió algunas excepciones. Los términos de servicio y las pautas de la comunidad prohibieron la pornografía infantil, el spam, el phishing, el fraude, la suplantación de identidad y las violaciones de derechos de autor7. Las amenazas, el acoso cibernético, la pornografía no consensual y el discurso de odio fueron prohibidos después de largas discusiones con grupos de defensa8. El objetivo era lograr un equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y la prevención del abuso, al tiempo que se preservaba la participación del mercado de las plataformas. 

Más recientemente, las compañías de medios sociales han revisado sus políticas de discurso, con respecto a la propaganda extremista y de odio. Sin embargo, a diferencia de los cambios anteriores, estas revisiones no fueron el resultado de las fuerzas del mercado, no se hicieron para satisfacer los deseos de los anunciantes y defensores. En su lugar, fueron adoptados para evitar la regulación europea amenazada. Después de los ataques terroristas en París y Bruselas, a finales de 2015, los reguladores europeos criticaron a las empresas de tecnología por no combatir el reclutamiento de terroristas en sus plataformas. Su mensaje era claro: las plataformas en línea enfrentarían penas civiles y penales onerosas, a menos que sus políticas y procesos resultaran en la rápida eliminación del discurso extremista9. 

Las compañías tecnológicas se acomodaron a estas demandas, porque la regulación del discurso extremista era una posibilidad real. A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, en la Unión Europea no existe una fuerte presunción contra las restricciones de voz. El 31 de mayo de 2016, Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube firmaron un acuerdo con la Comisión Europea para eliminar el discurso de odio dentro de las veinticuatro horas, según corresponda, de acuerdo a sus términos del servicio10. Seis meses después, las mismas compañías anunciaron planes para una base de datos compartida de contenido extremista prohibido para su revisión y eliminación en otros lugares11. 

Casi una década después, los legisladores europeos lograron lo que el senador Lieberman no pudo. Al insistir en los cambios en las reglas y prácticas de libre expresión de las plataformas, los reguladores de la UE han ejercido su voluntad en todo el mundo. 

A diferencia de las leyes nacionales, que se aplican solo dentro de las fronteras de un país13, los términos de servicio se aplican donde se accede a las plataformas. De manera similar, mientras que los tribunales locales solo pueden ordenar plataformas para bloquear el material al que se accede en su jurisdicción, la base de datos de la industria tiene el potencial de resultar en una censura mundial. 

Todo esto podría gozar de cierta justificación, si los reguladores de la UE centraran sus esfuerzos en el discurso proscrito en sus países. Pero éste no ha sido el caso. Los llamamientos para eliminar el discurso de odio se han disparado rápidamente para abarcar una expresión, que no viola la legislación europea existente, incluida la radicalización en línea y las noticias falsas14. Los funcionarios de la UE han insistido en un discurso de odio, que puede extenderse a la disidencia política y los acontecimientos de interés periodístico. En riesgo, la censura se arrastra a escala global. 

Se ha explorado cómo los requisitos legales formales y la presión informal del gobierno pueden resultar en censura colateral: el silenciamiento de actores privados por parte de otros actores privados. El becario de libertad de expresión y fundador del Proyecto de la Sociedad de la Información de Yale, Jack Balkin, advirtió:

Actualmente, Internet se rige principalmente por los valores del régimen menos censurador: el de los Estados Unidos de América. Si los estados nacionales pueden imponer el filtrado, el bloqueo y la desvinculación globales, Internet se regirá por el régimen más censurador. Esto socavará el bien público global de una Internet gratuita15. 

El asalto al bien público global de una Internet gratuita ya está en marcha. Como muestra este artículo, la expresión digital se ajusta a la reglamentación sobre la libertad de expresión de la UE, con el discurso extremista y odioso como catalizadores. 

Este artículo tiene tres partes. La Parte I expone la presión que enfrentan las empresas de tecnología para adaptar sus políticas de voz a las normas de la UE. Como muestra de la Parte I, analizaré el reciente retiro de Silicon Valley de un fuerte compromiso con la libertad de expresión, el cual tiene más que ver con la compulsión que con la elección. La Parte II explora las consecuencias, destacando el riesgo de que la censura se arrastre a escala global. La Parte III ofrece garantías diseñadas para contener la presión extralegal para el bien de la libre expresión. 

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