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EL NUEVO PROCESO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN ECONÓMICA EN EL SENO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Ximena Velasteguí Ayala

RESUMEN

La autora realiza un estudio del proceso de ejecución de reparación económica vigente, a cargo de los jueces de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo del país, conforme lo ordenado por la Corte Constitucional, en sentencia N.º 011-16-SIS-CC, expedida dentro del caso N.º 0024-10-IS, sentencia que unificó el procedimiento a seguir para efectos de cuantificar el monto que por reparación económica se haya dispuesto en una sentencia de garantías jurisdiccionales, siempre que el obligado al pago sea el Estado, al amparo de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fallo que surge como una respuesta al problema de incumplimiento de las sentencias constitucionales.

PALABRAS CLAVE: Derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la ejecución desentencias constitucionales, reparación económica, proceso deejecución y sentencia constitucional.

ABSTRACT

This essay studies the process of implementation of existing economic repair in charge of the judges of the district courts of Contentious Administrative Law in the country, as ordered by the Constitutional Court in judgement N.º 011-16-SIS-CC, issued in case N.º 0024-10-IS, which unifies the procedure to be followed for the purpose of quantifying the amount of economic repair. This rule is specified in a judicial guarantees statement, providing always that the obligor to pay is the State under the frame of the provisions of article 19 of the Law for Organic Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. This fault arises as a response to the problem of non-constitutional rulings.

KEY WORDS: Right to effective judicial protection, the implementation ofconstitutional rulings, economic repair, implementation process,and constitutional sentence.

INTRODUCCIÓN

En un trabajo anterior se analizó las complejidades que se presentaban a la hora de cuantificar el monto que por reparación económica se ordenaba en los procesos de garantías jurisdiccionales, cuando el obligado al pago era el Estado ecuatoriano, facultad consignada por ley a los tribunales contenciosos administrativos del país. Situación legal que generó un sinnúmero de procedimientos, ya que como se ha manifestado no existía un procedimiento claro y preciso al respecto, y por el contrario, la sana crítica del juez impulsó en la mayoría de casos a la asimilación al trámite ordinario previsto en el Capítulo IV, de la hoy derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, bajo la premisa del principio de legalidad. Esta situación adicionalmente generaba una serie de inconvenientes y demoras en la sustanciación de estos procedimientos, a pesar de existir lineamientos previos emitidos por la Corte Constitucional, mediante sentencia N.º 004-13-SAN-CC, expedida en la causa N.º 0015-10-AN, publicada en la Gaceta Constitucional N.º 003, de fecha 21 de junio de 2013, que sin duda generaron dudas en la sustanciación del trámite y forma de cuantificar los montos, con resultados insuficientes.

En este contexto, la Corte Constitucional, consciente que uno de los principales problemas que aqueja a la justicia constitucional es el incumplimiento de las sentencias constitucionales, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 82, numeral 2, literal b) y 86, numeral 3 de la Constitución de la República y, los artículos 6, 18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dictó la Sentencia N.º 011-16-SIS-CC, dentro del caso N.º 0024-10-IS, acción de incumplimiento de sentencia presentada por la señora María Eugenia Yépez Borja, frente al incumplimiento de la Resolución dictada por la Primera Sala de la Corte Constitucional para el periodo de transición, el 8 de julio de 2009, dentro de la acción de amparo N.º 0384-08-RA3, sentencia que podría haber pasado desapercibida, sin embargo,

Conforme consta en la sentencia No. No. 011-16-SIS-CC, la accionante señora María Eugenia Yépez Borja presentó una acción de incumplimiento de la resolución dictada por la Primera Sala de la Corte Constitucional para el periodo de transición, el 8 de julio de 2009, dentro de la acción de amparo No. 0384-08-RA. La acción de amparo citada se presentó en contra del Director del Hospital Nivel 1 IESS del cantón Durán, impugnando el acto administrativo contenido en el oficio No. 322161101-1822-07 de 3 de diciembre de 2007, con el cual se le notificó con la conclusión de la relación laboral, en calidad de Médica Postgradista. En este sentido, se señala que el Juez primero de lo penal del Guayas, resolvió inadmitir la acción de amparo constitucional presentada, y en apelación la Primera Sala de la Corte Constitucional para el periodo de transición, revocó la resolución subida en grado, y concedió el amparo propuesto, disponiendo que se le reintegre a su cargo y se le devuelva el expediente al juez de instancia para los fines de ley. En la sentencia mencionada, frente a un incumplimiento de sentencia, la Corte Constitucional concluyó que “los representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil han incumplido parcialmente la resolución dictada por la Primera Sala de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, dentro del caso No. 0384-08-RA, en lo que tiene que ver al pago de haberes dejados de percibir desde su separación hasta su reincorporación como médico especialista en neurología en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Durán, al pago de su remuneración por el mes de diciembre del 2007; el retroactivo por reliquidación de remuneraciones desde enero del 2006 hasta junio de 2007 y, en su afiliación al IESS desde que inició su relación laboral hasta que fue reintegrada a su puesto de trabajo”. De esta forma, en la parte resolutiva de la sentencia, sobre este punto se resolvió: “1.- Declarar el incumplimiento parcial de la resolución, dictada el 8 de julio de 2009, por la Primera Sala de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, dentro de la acción de amparo No. 0384-08-RA, en lo concerniente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir por la accionante durante el tiempo que fue separada de su cargo hasta su reincorporación, esto es, entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de noviembre de 2009, así como, el pago de su remuneración del mes de diciembre de 2007, el retroactivo de reliquidación de remuneraciones desde enero del 2006 hasta junio de 2007; y, su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde diciembre de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2009…”.

por su naturaleza, la Corte Constitucional se sirvió de ella, para normar un proceso de ejecución de reparación económica, -como así lo han denominado-, en sede contencioso administrativa, procedimiento necesario y que no se encontraba previsto en el ordenamiento jurídico. En este sentido, el presente trabajo tiene por objeto esbozar el trámite que debe guiar el trabajo de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa y de los abogados en general, en materia de reparación económica, al amparo del artículo 19 ibídem, y que surge como una respuesta al problema del incumplimiento de las sentencias constitucionales en general.

1. Procedencia

Como se ha mencionado la sentencia N.º 011-16-SIS-CC, expedida por la Corte Constitucional dentro del caso N.º 0024-10-IS, viene a solucionar en parte uno de los problemas que inquieta a la jurisdicción constitucional y es aquel relacionado con el incumplimiento de las sentencias constitucionales. La sentencia que comento señala expresamente en su parte considerativa que la realidad procesal de aquellas causas en las cuales intervienen los tribunales distritales de lo contencioso administrativo para ejecutar las sentencias constitucionales era dramática, por la falta de unificación de procedimientos y de claridad a la hora de interpretar la norma legal. Se dice textualmente que:

De conformidad con la documentación remitida por los tribunales contenciosos administrativos del país, en atención a lo dispuesto en el oficio No. 263-2014-CCE-P del 11 de junio de 2014, por el presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, se observó que en su mayoría los procesos de ejecución de reparación económica no están siendo sustanciados con la celeridad que corresponde. Tanto es así, que de la última información presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, respecto del proceso de ejecución de reparación económica No. 17811-2014-1609, se encontró que dicho proceso duró aproximadamente nueve meses. Lo anterior, parece responder a una falta de uniformidad en la sustanciación de los procesos de ejecución de reparación económica, por parte de los tribunales contenciosos administrativos del país. De ahí que, de la información presentada se encontraron diferencias en la forma de ingreso de la causa a la judicatura, la presentación de alegatos por parte de los involucrados, apertura o no de periodos de prueba, la emisión de sentencias, la utilización de informes periciales y la ejecución de la decisión. Además, las diferencias se evidenciaron tanto dentro de la misma judicatura como entre los distintos tribunales contenciosos administrativos, como se advirtió de la información conocida por el Pleno del Organismo en sesión de 17 de marzo de 2016. De esta manera, la Corte Constitucional estima necesario esclarecer la forma como deberían sustanciarse en general los procesos de ejecución de reparación

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LOS DERECHOS COMO MECANISMOS DE RESISTENCIA AL PODER LA PLURINACIONALIDAD Y LOS DERECHOS INDÍGENAS DESDE EL MOVIMIENTO INDÍGENA ECUATORIANO.

Johanna Romero Larco

RESUMEN

A partir de la relación de los elementos estructura del Estado y derechos sociales, proponemos un análisis distinto al tradicional, que entiende en un sentido unidireccional, que los derechos sociales están determinados por la estructura de poder. Nuestra propuesta plantea la posibilidad de que los derechos pueden no ser capturados por el poder estatal, sino, a través de ellos mismos, poner en crisis la propia estructura del Estado.

La propuesta de este trabajo es evaluar, a partir del caso ecuatoriano, si la incorporación de derechos económicos, sociales y culturales de los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, es posible encontrar alguna vía de restructuración del Estado y una ruptura al modelo clásico de concentración del poder. A través de las tesis del Estado Plurinacional, es que queremos sugerir una lectura más amplia de los derechos como herramientas que permitan no solo limitar al poder, sino desconcentrarlo.

PALABRAS CLAVE: Estado Plurinacional, Plurinacionalidad, derechos económicos, sociales y culturales, estructura del Estado, movimiento indígena.

ABSTRACT

Based on the relationship between the elements State structure and social rights, we propose a different analysis from the traditional one that understands in an unidirectional way that social rights are determined by the power structure. Our proposal raises the possibility that rights may not be captured by State power, but through themselves, putting into crisis the very structure of it.

The proposal of this paper is to evaluate, from the Ecuadorian perspective, whether the incorporation of economic, social, and cultural rights of the rights of indigenous peoples and nationalities is possible to find some way of restructuring the State, and produce a rupture to the classic model of concentration of power. Through the thesis of the Plurinational State, we want to suggest a broader reading of rights as tools that allow not only to limit power, but also to defuse it

KEY WORDS: Plurinational State, plurinationality, economic, social, andcultural rights, structure of the State, and indigenous movement

INTRODUCCIÓN

En un trabajo reciente que revisa los dos siglos de Constitucionalismo en América Latina3 (1810-2010), Roberto gargarella afirma que todo proceso de reforma legal que ha acontecido durante este período ha supuesto una convivencia -aunque sea transitoria- del Derecho vigente con aquel que se incorpora. Tal convivencia, agrega gargarella, no es pacífica, y menos aún supone una adaptación temporal y progresiva de uno y otro derecho, sino que siempre se produce en una continua tensión e imposición de uno sobre otro.

En materia constitucional, y de manera más específica en e ámbito de las reformas constitucionales, la tesis de Gargarella sostiene que en el contexto latinoamericano, la relación derecho vigente-reforma es asimismo conflictiva, pero además, el Derecho vigente, que resulta del pacto conservador-liberal, va a terminar por imponerse ante cualquier reforma o injerto que suponga alguna tensión o disminución de poder de ese primer pacto.

Característica de ese modelo de constitucionalismo conservador, según Gargarella, es la concentración del poder en el Ejecutivo, una forma de presidencialismo atenuado que, en tanto confiere cada vez más poderes al Ejecutivo, desplaza progresivamente al poder Legislativo.

En un análisis que vincula los contenidos constitucionales y el contexto socio-político que se desarrolló en América Latina desde mediados del siglo XX, el autor pone de manifiesto la progresiva incorporación de los derechos sociales en el ámbito del constitucionalismo latinoamericano, a lo que cataloga como una forma de constitucionalismo de corte más radical, en el sentido de más democrático. No obstante ello, en un contexto en donde el Derecho vigente es de tinte conservador, pero además renuente a las demandas sociales, el resultado es que esos derechos sean leídos en clave conservadora.

Las razones que explicarían esa lectura sesgada de los derechos, están –según gargarella- en la tensión que se da entre los derechos económicos, sociales y culturales, por un lado, y el poder, por el otro, que en Latinoamérica se traduce en presidencialismo.

En consecuencia, el presidencialismo se impone a los derechos, en la medida que estos últimos se constituyen en una limitación al poder, por lo que el Ejecutivo tiende a contenerlos, dando como resultado el deterioro en los derechos económicos, sociales y culturales.

Visto así, este posible fracaso de los derechos sociales en el Constitucionalismo Latinoamericano responde a que si bien existe un pliego de derechos, que ha ido incrementándose progresivamente en las Constituciones de los Estados latinoamericanos, la estructura del poder se mantiene intacta.

Lo que gargarella denomina como “Sala de Máquinas de la Constitución”, en donde se configura la estructura del Estado, no sigue la misma dinámica progresista de la parte dogmática, sino una vía totalmente contraria; la concentración. Así, aunque se amplíen los derechos, y la “Sala de Máquinas” siga intacta, no hay posibilidad de éxito de los primeros, su lectura seguirá siendo fiel al pacto liberal-conservador y difícilmente podrá significar un límite al poder.

En este orden de ideas, gargarella afirma que en gran medida el presidencialismo, que es característico de Latinoamérica, se constituye en uno de los factores que explican no sólo las graves crisis institucionales en la región, sino principalmente las graves afectaciones a los derechos sociales. De suerte que, aún en un contexto en donde el catálogo de derechos ha tendido a incrementarse, las amplias facultades del Poder Ejecutivo son factor de trasgresión a esos derechos. La tensión entonces se da entre derechos sociales y presidencialismo.

1. La propuesta metodológica

A partir de la lectura anterior, es posible encontrar en las reformas constitucionales más recientes de la región, tales como Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), un claro ejemplo de lo que gargarella menciona como una desatención en la “Sala de Máquinas”, y una excesiva preocupación por la declaración de derechos, cuando, según menciona, la salida estaría en dar igual o mayor atención a la estructura del Estado por sobre los derechos sociales, si lo que pretendemos es que estos últimos triunfen.

Se trata entonces de una tesis que mira a los derechos como sometidos o dependientes de la organización del poder, y no sólo en una simple interconexión entre la parte orgánica y dogmática, de forma que el triunfo o fracaso de los derechos depende de qué tanto se mueve la “Sala de Máquinas.” Se trata de una lectura que sostiene una sola vía de incidencia, el poder sobre los derechos, pero además circunscripta en la norma y en el Estado. En esta lectura no hay, o no es relevante para el autor, una incidencia en la dirección contraria, los derechos no podrían modificar la estructura del Estado con la misma intensidad que sobre ellos se genera, ni hay una posibilidad de tensión por fuera del Derecho, en una instancia no estatal. Es aquí donde consideramos que es posible plantear otro análisis, una posibilidad de mirar en los derechos como potenciales factores de resistencia al poder estatal y no estatal.

Utilizando la misma relación que propone el autor, estructura del Estado-derechos sociales, proponemos un análisis distinto de tal relación, en la que se evalúe si, contrario a lo que opina gargarella, los derechos pueden no ser capturados por el poder estatal, sino a través de ellos mismos poner en crisis la propia estructura del Estado.

La propuesta de este trabajo es evaluar, a partir del caso ecuatoriano, si la incorporación de derechos económicos, sociales y culturales de los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas pueden significar en alguna manera una reestructuración del Estado y una ruptura al modelo clásico de concentración del poder. A través de las tesis del Estado Plurinacional, es que queremos sugerir una lectura más amplia de los derechos como herramientas que permiten no solo limitar al poder, sino desconcentrarlo.

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ANÁLISIS DE LA TABLA DE MEDIDAS DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y SUJETAS A FISCALIZACIÓN, VIGENTE EN ECUADOR, EN TORNO A LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Yudith López Soria

RESUMEN

En el Capítulo Tercero sobre los Delitos contra el Buen Vivir del Código Orgánico Integral Penal, Sección Segunda, encontramos regulados los Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y exactamente en el artículo 220, se regula la figura delictiva del Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El análisis de este tipo penal nos llevó a concluir que es de configuración legal insuficiente y defectuosa en el COIP, toda vez que la tabla de cantidades de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, vigente en el Ecuador, para poder calificar la escala o las escalas a las que se comete el delito, no se ajusta al total contenido de la ley, exactamente al último párrafo dentro de este mismo tipo penal, dispone que: “La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible”.

Vislumbramos además, que al incidir en la configuración legal, incidirá también en su integración y aplicación, y por ende, encontrará pronunciamientos judiciales, que de aplicarse tal y como prevé la ley, encontrarán conflictos importantes entre los principios constitucionales de legalidad (nullum crime, nulla poena sine lege) y ante la duda a favor del reo, (in dubio pro reo). Para demostrarlo iniciaré este análisis.

PALABRAS CLAVE: Tráfico de drogas, cantidades permitidas, cantidades penalizadas.legalidad y ante la duda, a favor del reo

ABSTRACT

On Third Chapter entitled Crimes against Good Living of the COIP, on its Second Section, we find regulated the Crimes of Production or Illicit Traffic of Substances Cataloged, and Subject to Inspection, and precisely article 220 regulates the figure of illicit traffic in scheduled substances subject to inspection.

The analysis of this criminal type led us to conclude that there is an inadequate and defective legal configuration in the COIP, because the table of quantities of substances cataloged and subject to control, which exist in Ecuador, in order to qualify the scale or scales this activity is considered a crime, does not conform to the full content of Criminal Law, more exactly the last paragraph within this same article, which states that: “The possession or possession of narcotic or psychotropic substances for personal use or consumption in the amounts established by the corresponding regulations, shall not be punishable.”

We also perceive that by admitting the influence of its legal configuration, it will also affect the integration and application of this criminal type, and therefore, will find judicial pronouncements that, if implemented as provided for by law, will create important conflicts between the constitutional principles of legality, and when in doubt, in favor of the defendant. In order to demonstrate this hypothesis, let us begin the analysis.

KEY WORDS: Drug traffic, permitted quantities, penalized amounts, legality,and the principle when in doubt, in favour of the defendant

INTRODUCCIÓN

Es vital lograr una ley penal clara, capaz de aplicarse con seguridad jurídica, en la que vaya implícita toda una serie de garantías y principios de respaldo constitucional e internacional, que reúna las exigencias establecidas tanto doctrinalmente, como en la esfera práctica, sin embargo, realizado un análisis pormenorizado del delito de Tráfico de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, previsto en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, nos percatamos de que esta configuración legal es imprecisa, oscura, contradictoria y, en consecuencia, violatoria de principios constitucionales tan importantes como el de legalidad –nullum crime, nulla poena sine lege– y el de, ante la duda a favor del reo –in dubio pro reo-.

El asunto estriba en que para poder calificar el tipo penal es preciso remitirse a la tabla de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, publicada en el Registro Oficial N.º 288, de 14 de julio de 2014, R.O. 002 CONSEP-CD-2014, la cual establece las cantidades según cada sustancia allí prevista.

Este trabajo persigue entonces como objetivo, demostrar y argumentar estas incongruencias que al ser legales, trascienden a importantes vulneraciones, incluso de principios constitucionales y proponer, además, una solución a dicha problemática legal. Se hizo necesario analizar la droga como sustancia ilícita, el delito de tráfico de drogas, la configuración legal del tipo penal previsto en el art. 220 del COIP, el contenido de la tabla de cantidades de sustancias catalogadas, así como hacer un somero análisis en aras de las restricciones de páginas para un artículo científico, sobre los principios de legalidad y ante la duda a favor del reo, que traemos a colación en nuestro análisis.

1. Drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o catalogadas y sujetas a fiscalización

El concepto de Droga, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, e incluso, desde la óptica farmacológica, resulta aplicable a cualquier sustancia terapéutica o no, que introducida en el organismo humano, a través de cualquier mecanismo, ya sea ingestión, inhalación, administración intramuscular o intravenosa, etc., sea capaz de actuar sobre el sistema nervioso central de la persona que la consume y le provoca un cambio en su comportamiento, cambio que puede manifestarse en una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico; generalmente este cambio de comportamiento se caracteriza por:

• El deseo abrumador o necesidad de continuar consumiendo esa sustancia, que redunda en lo que conocemos como dependencia psíquica;

• Necesidad de aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos, conocido como, tolerancia; y,

• La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia, que hace verdaderamente necesarios su uso prolongado, para evitar el síndrome de abstinencia.

Según la Convención Única de 1961, enmendada el 8 de agosto de 1975, los estupefacientes son sustancias destinadas a mitigar el dolor, pero que su uso indebido puede dar lugar a una toxicomanía.

En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, BOE, N.º 270/1990, de 10 de noviembre de 1990, se hace una remisión a lo regulado en los dos instrumentos anteriormente señalados. Según ésta, por estupefacientes, se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, encontrando que sustancia psicotrópica sería cualquier sustancia, natural o sintética, que figure en las listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias psicotrópicas de 1971.

Son tres los grupos principales de las sustancias psicotrópicas, según los efectos generados en el sistema nervioso central:

• Las depresoras;

• Las estimulantes; y,

• Las perturbadoras o alucinógenas.

Existen en la naturaleza, tantas sustancias naturales que encuadran en este concepto, que nos hace pensar que su uso moderado y terapéutico estaría correcto. Sin embargo, es precisamente su uso desmedido o indebido, el que ha trascendido a la regulación jurídico-penal de su consumo en ocasiones, y el intercambio comercial, en otras, pues en la mayoría de casos, este intercambio se basa en la acción desmedida y ambiciosa, de un grupo importante de seres humanos, que con ánimo de lucro, insisten en distribuir todas estas sustancias en la población mundial a cambio de cuantiosas ganancias monetarias.

Así, todas las naciones han llegado a la necesidad de la regulación jurídica del delito de Tráfico de Drogas.

2. Tráfico de Drogas

Para concretar este análisis es preciso dejar definido el término tráfico, que, de acuerdo al Derecho Mercantil, da la idea de comercio, mercantilidad, de habitualidad en la actividad comercial y persecución de lucro, solo que hablando de drogas se convierte en un tráfico, en una comercialización, en una mercantilidad ilícita, una, por el objeto material del delito, en este caso la droga, y sus efectos, en otro sentido, dada la ilicitud por la falta de autorización o licencia para expender, o comercializar la droga en cuestión.

De modo que la difusión indiscriminada y el mal uso de las drogas, generaron la necesidad de intervención jurídica, tanto para su consumo, como para su distribución.

Hace aproximadamente un siglo, surgieron las primeras normas represoras sobre el tema referente a la droga, pues con el aumento del consumo y del comercio, las leyes fueron adaptadas e incrementadas, e incluso, arreciadas, con la finalidad de impedir la diseminación de las drogas, sobre todo tratando de neutralizar la distribución que causa efectos tan nocivos, tanto en el ser humano que la consume, como en la familia o parte de la sociedad en la que está incluido él.

Estos delitos relativos a drogas tóxicas son delitos que clasifican por su resultado como delitos de peligro, para muchos teóricos y operadores del Derecho penal son delitos con los que se pretende evitar una futura lesión del bien jurídico protegido, que en este caso es la salud pública, en la mayoría de los ordenamientos jurídico-penales del mundo.

Claro que basta la puesta en peligro de un bien jurídico, para considerarlo, junto con otros elementos, que constituye un delito, pero es obvio que, la mera presencia de una cantidad de droga no puede implicar la existencia de un delito si no se acompaña de un cierto riesgo, riesgo que debe de ser determinado en primer lugar, de manera objetiva, estableciendo unos parámetros y en segundo, personalizándolo según las circunstancias concretas del

caso y del autor.

3. El Principio Nullum crime, nulla poena sine lege, (Legalidad) y su vínculo con este tipo penal

Bacigalupo, en este aspecto, en su libro Principios Constitucionales del Derecho Penal, señala que:

Desde 1978 la validez de los textos legales y de las interpretaciones del Código Penal depende, a diferencia de lo que ocurría antes, de su compatibilidad con principios superiores. Más aun, la aplicación del derecho penal se debe llevar a cabo, en principio, mediante la técnica de una interpretación “conforme a la Constitución, es decir, que los tribunales ordinarios deben aplicar las normas de tal manera “que una ley de contenido ambiguo o indeterminado se determina por el contenido de la Constitución” y que “no cabe declarar la nulidad de una ley que pueda ser interpretada en consonancia con la Constitución”. Asimismo, a los derechos fundamentales se les reconoce un efecto irradiante sobre el derecho ordinario. Está claro que no es posible un análisis de todos y cada uno de los efectos que la Constitución ha tenido sobre el derecho penal material. Por tanto, sólo nos referiremos a un principio básico del derecho penal democrático: el principio de legalidad.

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NI POSITIVISMO JURÍDICO POSTPOSITIVISTA NI NEOCONSTITUCIONALISMO: UNA DEFENSA DEL CONSTITUCIONALISMO POSTPOSITIVISTA

Manuel Atienza

RESUMEN

El proceso de constitucionalización en los sistemas jurídicos del mundo occidental ha generado un interesante debate; por un lado, se presenta el positivismo jurídico (con sus variantes), que principalmente entiende al Derecho como conjunto de normas, cuyo atributo más importante se halla en la autoridad y forma de su expedición, desligada totalmente de la moral; y por otro lado, el llamado “neoconstitucionalismo”, que en total oposición al anterior, ve al Derecho como un conjunto de principios (reconocidos en la Constitución), cuya aplicación es meramente valorativa y sustantiva y, por lo tanto, requiere la moral en el Derecho. Frente a estos escenarios antagónicos y hasta cierto punto insostenibles, se presenta, como alternativa, el constitucionalismo postpositivista. Éste concibe al Derecho de una manera más amplia, completa y compleja, que incluye aspectos descriptivos, normativos y valorativos, orientando la práctica del jurista en el contexto del Estado Constitucional.

PALABRAS CLAVE: Neoconstitucionalismo, constitucionalización, positivismojurídico, postpositivismo constitucionalista

ABSTRACT

The process of founding constitutions in the legal systems of the Western world has generated an interesting debate; on the one hand, legal positivism (with its variants), which principally understands Law as a set of rules, whose most important attribute lies on the authority and the way it is expedited, totally detached from morality. On the other hand, the so-called “neoconstitutionalism”, which in total opposition to the previous one, sees the Law as a set of principles (recognized in the Constitution) whose application is purely evaluative and substantive, and therefore, requires morality in Law. Facing these antagonistic and to some extent unsustainable scenarios, postpositivist constitutionalism appears as an alternative. It conceives Law in a broader, more complete, and complex way, which includes descriptive, normative and value aspects, guiding the practice of the jurist in the context of a Constitutional State.

KEY WORDS: Neo-constitucionalism, process of founding constitutions, legalpositivism,postpositive constitucionalism

1.

Si alguien me preguntara hoy ¿qué es eso del neoconstitucionalismo?, creo que le contestaría lo mismo o algo muy semejante a lo que aparece en el Diccionario de los lugares comunes de flaubert, en relación con el Derecho: “No se sabe qué es”. No estoy diciendo que yo no lo sepa, sino que no se sabe, que no se puede saber. Pero si lo que se me preguntara fuera si yo soy o no un neoconstitucionalista, mi respuesta inequívoca, incluso enfática, sería que no. Tampoco, por cierto, me considero un iuspositivista (de ninguno de los diversos tipos ahora existentes), aunque sí creo saber qué significa centralmente ser un autor iuspositivista. Veamos si soy capaz de explicar lo que en principio tiene todo el aire de una paradoja.

El término “neoconstitucionalismo” o “neoconstitucionalista” ha adquirido, como todo el mundo sabe, un gran predicamento en la teoría del Derecho de los países latinos -europeos y americanosen los últimos años. Pero no parecen existir expresiones equivalentes en otros ámbitos culturales; o, si existen, tienen un significado muy diferente. La procedencia de la expresión parece estar en la escuela genovesa, en varios representantes de la misma, que la introdujeron con un propósito manifiestamente crítico y descalificador: para referirse a una concepción del Derecho contraria al positivismo jurídico que ellos profesaban y profesan: digamos, al iuspositivismo metodológico o conceptual (la connotación de iuspositivismo realista podemos dejarla aquí de lado). Probablemente ese origen polémico tenga que ver con el uso tan confuso al que la expresión ha dado lugar.

La confusión se debe, en principio, a una serie de ambigüedades que arrastra el término, más o menos obvias, pero de las que no siempre es consciente quien lo utiliza. Es evidente, por ejemplo, que a veces se habla de “neoconstitucionalismo” para referirse a un determinado fenómeno (ciertos cambios que han tenido lugar en los sistemas jurídicos en los últimos tiempos: la existencia de constituciones con ciertas características y que desempeñan un papel especialmente relevante en el conjunto del ordenamiento jurídico), pero otras veces (y en ocasiones al mismo tiempo) a la conceptualización de ese fenómeno: el neoconstitucionalismo como teoría del Derecho. Que el neoconstitucionalismo puede entenderse, esencialmente, como una doctrina (o un fenómeno) político, aunque también cabe poner el acento en su dimensión jurídica. O que a veces se usa el término para referirse a teorías o fenómenos que conciernen exclusivamente al Derecho constitucional (la interpretación de la Constitución, por ejemplo), mientras que en otras ocasiones el universo del discurso es el ordenamiento jurídico en su conjunto. Y por si esto fuera poco (o, si se quiere, como consecuencia de todos esos sentidos amontonados), el prefijo “neo” viene todavía a aumentar la confusión: pues en algunos de los anteriores significados puede comprenderse que se use esa expresión, “neoconstitucionalismo”, pero la misma resulta desconcertante si a lo que queremos referirnos es a una teoría –a una concepción-general del Derecho: simplemente porque no ha habido ninguna anterior que pudiera llamarse (que se haya llamado) “constitucionalista”. De manera que el “neo”, simplemente, está de más, y uno está tentado a pensar que el éxito que ha conocido pudiera deberse a razones semejantes a las que hacen que se prefiera hablar de “influenciar” en lugar de “influir”, de “concretizar” en lugar de “concretar” o de “direccionar” en lugar de “dirigir”. O sea, una corrupción de la lengua basada en la falsa impresión de que alargar una palabra es una forma de agregarle sofisticación, profundidad a su significado.

Demos entonces un paso más y centrémonos en el que podría considerarse como significado principal de la expresión, al menos cuando quienes hacen uso de la misma son filósofos del Derecho: el (neo)constitucionalismo como concepción o teoría general del Derecho. De hecho, el artículo que suele considerarse como el primero en introducir la expresión es uno de Susana pozzolo (1998): “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional”. Pues bien, en el mismo, la noción de “neoconstitucionalismo” dista, en mi opinión, de estar clara.

Lo caracteriza en términos de alternativa: principios versus normas (reglas), ponderación versus subsunción, Constitución versus independencia del legislador, y jueces versus libertad del legislador. Los neoconstitucionalistas serían entonces aquellos autores que subrayan la prevalencia del primero de los términos en cada una de esas oposiciones. Pero esto, sin duda, es muy poco claro, y cuando pozzolo lo especifica, yo creo que se aparta significativamente de lo que defienden los autores que ella incluye bajo ese rótulo: dworkin, alexy, zagrebelsky y “sólo en parte” nino (pozzolo Neoconstitucionalismo 339). Así, no me parece que sea cierto que ellos animen a los jueces a recurrir en la mayor medida posible a los principios, ni que planteen la ponderación como un procedimiento casuístico, que prescindan como criterio interpretativo de la deferencia al legislador o que promuevan que los jueces lleven a cabo una “interpretación moral del caso”, puesto que “ahora el juez debe interpretar el Derecho a la luz de las exigencias de justicia vehiculadas por el caso” (pozzolo Neoconstitucionalismo 342).

En trabajos posteriores, pozzolo subraya la ambigüedad de la expresión “neoconstitucionalismo” y la analiza en términos en mi opinión más adecuados, en cuanto insiste sobre todo en el carácter no positivista de las tesis de los anteriores autores. Pero, aparte de lo desacertado de la expresión, creo que se equivoca también al pensar que esos autores terminan por “reducir lo normativo del Derecho, justamente, a la moral” (pozzolo 2003 195), o que “[l] o que permitiría, en última instancia, calificar como “jurídico” un sistema normativo o una norma singular, por tanto, sería el contenido de justicia que expresaran” (pozzolo Un constitucionalismo 191). El error, en mi opinión, consiste en que ella no ve que los autores a los que se refiere no tratan de “reducir” el Derecho a la moral, sino de defender que el Derecho implica también un elemento moral, valorativo. Sobre esto volveré más adelante.

Otra caracterización del (neo)constitucionalismo que ha tenido cierta fortuna (y está, desde luego, en línea con la anterior), es la de Paolo comanducci (2003), quien parte de la triple distinción que bobbio efectúa entre el positivismo jurídico en cuanto teoría, en cuanto ideología y en cuanto enfoque o método y traslada ese esquema al neoconstitucionalismo. Se trata entonces de ver cómo se contrapone positivismo jurídico y neoconstitucionalismo.

Pues bien, el neoconstitucionalismo en cuanto teoría se opondría a tesis como la del estatalismo, el legicentrismo o el formalismo interpretativo, que fueron defendidas por los positivistas de épocas anteriores (del XIX) y que a comanducci le parecen obsoletas. En ese sentido, él considera aceptable la teoría del neoconstitucionalismo, o sea, una teoría que trata de dar cuenta de las nuevas realidades de nuestros Derechos y, por tanto, del cambio que supone que las normas constitucionales se sitúen en el vértice de nuestros ordenamientos jurídicos; piensa incluso que esa nueva teoría puede considerarse como “el positivismo jurídico de nuestros días”. Pero con ello se está refiriendo a un neoconstitucionalismo en sentido débil, esto es, el neoconstitucionalismo que profesarían quienes consideran la

Constitución simplemente como un conjunto de normas que se diferencian de las otras (de las legislativas) por tener una jerarquía superior. No valdría para quienes suscriben una “versión fuerte” del neoconstitucionalismo, esto es, quienes asumen un concepto sustantivo o valorativo de Constitución que les lleva a defender que la ciencia del Derecho tiene también un carácter normativo, de manera que no es meramente descriptiva o explicativa (ferrajoli) o que la ciencia del Derecho debe elaborarse desde un punto de vista interno, de manera que sus cultivadores tienen que adherirse a los valores constitucionales (zagrebelsky).

Precisamente, en cuanto ideología, el neoconstitucionalismo se caracterizaría por valorar positivamente el proceso de constitucionalización de nuestros Derechos y por propugnar su defensa y ampliación. Pero, a partir de ahí, y de la tesis de la necesaria conexión entre el Derecho y la moral, muchos de sus promotores (comanducci cita a alexy, a Dworkin y a zagrebelsky) pasan a sostener la tesis de la obligación moral de obedecer a la Constitución y eso hace que ese neoconstitucionalismo pueda ser considerado como una variante del positivismo ideológico, es decir, de la doctrina (errónea y peligrosa) que predica la obligación moral de obedecer el Derecho.

Y, en fin, en cuanto metodología, algunas variantes de neoconstitucionalismo, según comanducci, defienden la tesis de la conexión necesaria, identificativa y/o justificativa entre el Derecho y la moral. Frente al positivismo metodológico o conceptual en el que se sitúa comanducci, que sostiene que siempre es posible identificar y describir el Derecho como es y distinguirlo del Derecho como debería ser, lo que estos autores neoconstitucionalistas dirían es que los principios constitucionales vienen a ser como un puente entre el Derecho y la moral y que cualquier decisión jurídica (en particular judicial) está justificada si deriva en última instancia de una norma moral. Pero esto le parece a comanducci rechazable: si se interpreta como tesis descriptiva, es falsa, porque los jueces justifican sus decisiones ofreciendo razones que son normas jurídicas y no morales; y si se entiende como tesis teórica, además de tautológica (los neoconstitucionalistas –escribe-asumen que, “por definición”, toda justificación última en el dominio práctico está constituida por una norma moral), sería insostenible o bien inútil o, en todo caso, contraria a los propios valores democráticos.

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EL LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES, SU DESARROLLO NORMATIVO EN EL ÁMBITO SUPRANACIONAL, SU LESIVIDAD Y SU RELACIÓN CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO

Miguel Ángel Angulo Gaona

RESUMEN

El presente trabajo pretende analizar aspectos puntuales del lavado de activos. Por un lado, la normativa internacional sobre esta conducta abarca esferas desarrolladas por cada Convención Internacional, que trata de subsanar vacíos normativos y político criminales consecuentes de anteriores regulaciones. Adicionalmente, pretende dar una explicación sobre las regulaciones normativas internas en el Ecuador. Se analiza la terminología de la conducta y un adecuado concepto de la misma para poder ser valorado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, adicionalmente se plantea una valoración de las distintas etapas del lavado de dinero, con lo cual podemos analizar dos aspectos relevantes: en primer lugar, cómo es el proceso para el lavado de dinero, desde su inicio hasta la integración de los capitales de origen ilícito y, finalmente, cuál es el bien jurídico que lesiona esta actividad.

PALABRAS CLAVE: Lavado de activos, blanqueo de capitales, procesos del lavado, tratadosinternacionales, bien jurídico y Código Orgánico Integral Penal

ABSTRACT

This essay pretends to analyze specific aspects of money laundering. The advance of the international regime on this behavior, at the same time, highlights what matters around this topic that has been discussed on every convention and it has also been developed with the purpose of filling existing legal, and political criminal vacuums left by previous conventions. Additionally, it pretends to give an explanation about the regulation progress that this crime has had in Ecuador. It also analyses the behavior legal terminology and its appropriate concept, which should be valued in the Ecuadorian legal system. Simultaneously, it presents a valuation of the different money laundering stages; by showing this process, we can analyze two important things: in the first place, how money laundering is generated from its origin until its illegal capital integration, and; in second place, by correctly observing this money laundering, we can identify which legal principle is the one that injures this activity.

KEY WORDS: Asset laundering, money laundering, laundering processes,treaties, and Integral Penal Organic Code

INTRODUCCIÓN

Es indiscutible que para cada época histórica de la humanidad corresponde una forma de aplicación del Derecho en particular. Esto se genera como producto de la estructura que maneja el Estado referente a su composición, a la institucionalidad, a la división de poderes, a la determinación de los modos de producción y al Estado, como ente regulador y creador de normas de carácter sancionador, dirigidos a los ciudadanos. El Derecho penal, como lo concebimos en nuestros días, no es un producto simplemente de disputas académicas; esta rama del Derecho es un resultado de siglos de desarrollo ideológico, modelos estatales, períodos oscuros de la historia, y consecuentemente, momentos trágicos y tristes para la humanidad.

En un período de la historia se supera la inquisición y el Derecho penal de autor, el cual dejó episodios oscuros para la humanidad, dando paso a nuevas ideas y pensamientos como los de “La Ilustración”, empezando con beccaria y su obra “De los delitos y las penas”, el pensamiento de bentham traducido por Ramón Salas, el nacimiento de un pensamiento liberal en el Derecho penal, encabezado por jiménez de asúa, posteriormente, el positivismo jurídico y todas sus implicaciones, la crisis del positivismo con la llegada del neokantismo, el finalismo y las demás escuelas contemporáneas que conocemos hoy en el Derecho penal.

La legitimidad del Derecho penal en la intervención de la actividad económica en un Estado es un tema controversial respecto a conceptos dogmáticos, pero sobre todo al choque de las ideas entre el liberalismo racionalista y la política criminal de intervención.

Las primeras ideas desarrolladas por la denominada Escuela de Frankfurt determinan que la implementación de tipos penales en un ámbito económico carece de requisitos de legitimidad exigidos por el Derecho penal. Por otro lado, las segundas, por las cuales nos decantamos, legitiman la intervención penal pues asumen a este tipo de criminalidad como un fenómeno ampliamente dañoso. Sin duda, el delito de lavado de activos o blanqueo de capitales es un tipo penal que repercute en la sociedad de una manera lesiva sumamente intensa, a tal grado que el Derecho penal debe intervenir; sin embargo, este problema se agudiza de mayor manera cuando estos activos de origen ilícito sirven como medio de financiamiento para actividades de grupos terroristas, combinadas estas conductas no solo que las primeras vulneran bienes jurídicos relacionados con el ámbito económico, sino que se proyectan sobre una vulneración de bienes jurídicos más importantes para los ciudadanos.

Como consecuencia del carácter transnacional que genera la actividad del lavado de activos o blanqueo de capitales, se produjo, desde finales de los años noventa, una respuesta importante por parte de la comunidad internacional en contra de este fenómeno. A partir de ello, los Estados aceptaron la necesidad específica de cooperar en materia penal, fuera de las fronteras propias de cada Estado; por ello se ha desarrollado dos aspectos para el desarrollo de estas medidas; por un lado, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional y, por otro, la proliferación de acuerdos específicos en relación al control y a la lucha contra las actividades criminales relacionadas con el blanqueo8. Tomando en cuenta que el problema contra el blanqueo de capitales, desde la década de los noventa hasta la actualidad, no se ha centrado exclusivamente en los bienes originados por el tráfico de estupefacientes, sino que se extiende a todas las conductas de carácter delictivo, esto también se refleja en la evolución de los diferentes tipos penales que responden a una evolución cronológica en cuanto al avance de la normativa de cada instrumento9.

1. DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELATIVOS AL BLANQUEO DE CAPITALES O LAVADO DE ACTIVOS

La comunidad internacional desarrolla algunos instrumentos internacionales de carácter universal y regional, direccionados a luchar contra el blanqueo de capitales, por tanto, es menester determinar cuáles son estos instrumentos y como han sido tomados en cuenta por el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Convención de Basilea

El Comité de Basilea se origina por la crisis provocada por el cierre del Banco Hersttat en Alemania, como consecuencia de las grandes pérdidas por las transacciones realizadas con moneda extranjera; si bien este Comité nace sin una calidad de obligatoriedad supranacional para los Estados que participaron en él, en 1988 se redactan dos documentos importantes, que se configuran como el punto de partida para que a nivel internacional se tomen medidas para combatir el problema. De esta manera, en 1988 se redacta la conocida “Declaración de Basilea”, la cual tenía como objetivo impedir que las entidades financieras fueran utilizadas como medio para el depósito o transferencias de fondos ilícitos.

Convención de Viena

En el mismo año se realizó la Convención de Viena, la misma que por primera vez en su Preámbulo dio un concepto de lo que hoy conocemos como lavado de activos, siendo así el primer instrumento internacional en el cual los Estados se obligan jurídicamente a generar normas dentro de sus ordenamientos jurídicos, con las que se sancionen a quienes den apariencia de licitud a los capitales provenientes de actividades ilícitas.

Esta convención es importante para la regulación de estas actividades no solo porque homogeniza las leyes punitivas, también establece el decomiso anticipado de los bienes, la restricción al secreto bancario y otros mecanismos de auxilio judicial. Adicionalmente, determina que el tráfico de drogas se constituye como una actividad delincuencial organizada que quebranta las economías lícitas de un país y, consecuentemente, pone en riesgo la seguridad y la soberanía estatal. La Convención de Viena supone un punto de partida para el tratamiento del blanqueo, ya que, hasta ese momento, se tomaban en cuenta a las consideraciones sobre este problema, sin ninguna obligatoriedad jurídica; a partir de esta convención, se obliga de manera expresa a los Estados a sancionar estas conductas.

El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de activos (GAFI)

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, es un organismo intergubernamental, el mismo que tiene como objetivo promover medias para combatir el blanqueo de capitales. El GAFI fue creado en París en 1989 con la finalidad de promover políticas orientadas a combatir el blanqueo de capitales, por ello en 1990 se aprueba las recomendaciones del GAFI, donde se acuerda la creación de un programa completo de ayuda multilateral para la lucha contra el blanqueo de dinero. Las medidas desarrolladas…

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EDITORIAL 3

Como Paul feyerabend señala en la presentación de su famoso libro Tratado contra el método, cuando hace referencia a la ausencia de su amigo y contradictor, Imre Lakatos, a quien su obra estaba destinada, “falta la parte más importante: la réplica de la persona a la que va dirigido”. La iniciativa del Colegio de Abogados de Pichincha de impulsar una revista jurídica, a través de su Academia, tiene un solo objetivo: generar el debate. Efectivamente, este tercer número enfrenta ese reto: más allá de difundir las cuestiones más importantes del Derecho en discusión, ofrece la oportunidad de que esos discursos y relatos sobre nuestro preciado objeto de estudio sean, a su vez, analizados y estudiados por los abogados, los especialistas, pero también por el público en general, promoviéndose la crítica y elevándose la palabra.

Definitivamente, pensamos como feyerabend que la “razón científica”, muchas veces, casi siempre, nos conduce al elitismo, pues parece que los conocimientos científicos solo pueden ser juzgados por quienes hacen parte de los mismos, sin embargo, en una democracia los hallazgos o resultados de la investigación deberían ser evaluados por los ciudadanos y no por los expertos.

Pues, como bien anota el autor, si bien los legos pueden cometer errores, lo hacen también los científicos. Este tercer número de la revista CAP Jurídica de la Academia del Colegio de Abogados de Pichincha, una vez más fiel a su pluralismo, recoge artículos de juristas nacionales y extranjeros sobre Filosofía del Derecho, Sociología del Derecho, Derecho Administrativo y Derecho Penal. Esperamos que la novedad de los temas sea acogida de manera generosa por el público.

Miguel Ángel angulo, joven penalista ecuatoriano, desarrolla un estudio sobre el lavado de activos y blanqueo de capitales, tema de total actualidad en el mundo; básicamente su ensayo está orientado a clarificar las definiciones jurídicas en torno a este fenómeno y describir la normativa que le regula y rige, haciendo notar las posibles tensiones teóricas que presenta.

El artículo de Manuel atienza no necesita de mayor presentación, recoge un estudio sobre el neoconstitucionalismo y el positivismo, tema trabajado por él desde hace varios años; en éste nos plantea que la opción no es ni uno ni otro, sino un postpositivismo que de manera seria integre los derechos como parte de su estructura.

Yudith lópez nos ofrece un análisis profundo de las consecuencias jurídicas de la tabla de medidas de sustancias controladas en la configuración del delito de tráfico de drogas, llamando la atención sobre las contradicciones y vacíos que ésta presenta al momento de juzgar el consumo. Además, propone una posible solución a los problemas jurídicos que ésta genera.

Por su parte, Ximena velasteguí explora la reparación económica en el ámbito administrativo; su tesis principal es que la regulación sobre este interesante tema se fue construyendo a través de la jurisprudencia, por tanto, analiza a profundidad las decisiones de la Corte Constitucional ecuatoriana sobre la materia.

Johanna romero, desde una perspectiva de la Sociología jurídica, analiza la posible tensión entre el reconocimiento y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y el presidencialismo. Sostiene que los derechos de los pueblos y nacionalidades no son carentes de contenido y, por tanto, ofrecen resistencia a la tendencia de concentración de poder del presidencialismo.

Con estos aportes, la Academia del Colegio de Abogados de Pichincha deja constancia de su compromiso con el estudio del Derecho y la necesidad de ofrecer una herramienta de formación y consulta para sus afiliados.

Hernán Rivadeneira Játiva

Quito, julio de 2017

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